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Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México dio marcha atrás al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que trataba sobre desalojos forzosos y que generó controversia entre diferentes sectores que acusaban que se ponía en riesgo la propiedad privada.
“La expresión desalojos forzosos es en cierto modo problemática; sin embargo, es muy claro que el concepto engloba el sentido de la arbitrariedad. En el marco de esta ley no hay una referencia a los juicios o procesos contemplados en el Código Civil o en el Código Penal”, explicó el diputado local de Morena, Ricardo Fuentes.
Con 46 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron el artículo que menciona que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.
Además, las leyes en la materia establecerán procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la conciliación, además de cumplir con formalidades esenciales.
Asimismo, se establece que las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda.
“Quiero decirlo de manera muy clara y sin titubeos: las comisiones dictaminadoras no estamos en contra de que se realicen juicios de desalojo, pero éstos deben ir apegados a los derechos humanos, al tiempo que es necesario dar certeza a las personas que son propietarias de los inmuebles”, comentó el morenista al presentar la modificación ante el pleno.
Inconsistencias. Luego de que EL UNIVERSAL publicó un artículo del notario público Ignacio Morales Lechuga, quien aseguró que la redacción abría la puerta a la invasión de la propiedad privada, así como el rechazo de la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los diputados acordaron modificarlo.
Así, ayer los legisladores, en comisiones unidas de Derechos Humanos y de la Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, analizaron desde derogarla o cambiar la redacción. Durante dos horas discutieron y acordaron un nuevo escrito, aunque algunos consideraron, “se le quitó fuerza”.
La diputada local del PAN, Margarita Saldaña, coincidió en que con este cambio ya no está en riesgo la propiedad privada, además de desenredar la redacción anterior, en donde no quedaba claro algunos puntos como la reubicación de las personas desalojadas y ponía en aprietos a las autoridades como el Poder Judicial, Ejecutivo local y a los ciudadanos.
“Se descafeinó [el artículo 60], pero creo que es lo mejor. Nosotros pedíamos que se derogara, argumentaban que no se podía porque violentaba el derecho a la vivienda, pero para eso está el artículo 59”, dijo.
En contraste, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Temístocles Villanueva, consideró que este cambio no suavizó la ley, pues a pesar de que ya hay marcos normativos que hablan de los mismos derechos reconocidos, el plasmarlo en una ley constitucional le da mayor peso jurídico, y para ser modificada, destacó, se requeriría una mayoría calificada.
Señaló que pudo haber sido todavía más garantista; sin embargo, no se logró el consenso para que eso ocurriera. Comentó que era necesario hacer que el Estado asuma su responsabilidad en el otorgamiento de vivienda a personas que fueron víctimas de desalojos forzados.
Ante las declaraciones del exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, el diputado Villanueva criticó su postura y dijo que eran evidentes sus intereses con las empresas inmobiliarias.
“Lo que no se entendió, es lo que quiere decir un desalojo forzado y el comité para asentamientos humanos de la ONU lo expresa con mucha claridad, un asentamiento forzado es todo aquel que no responda a un proceso judicial, es decir, ilegal”, dijo.