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Una vez que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Administración y Finanzas se convertirá en una de las dependencias con mayor peso al interior de la administración pública.
De acuerdo con la nueva ley, que entraría en vigor el 1 de enero de 2019, las áreas de Finanzas, que este año contó con un presupuesto por 3 mil 712 millones 858 mil 830 pesos, y la Oficialía Mayor, a la que se le asignaron 781 millones 142 mil 173 pesos, serán fusionadas.
Con ello, esta dependencia tendrá a su cargo el manejo de los recursos de la Ciudad, además de la nómina del Gobierno capitalino, así como el resguardo de los bienes muebles, antes a cargo de la Oficialía Mayor.
Según lo que establece la nueva ley, la Secretaría de Administración y Finanzas, que encabezará Luz Elena González Escobar, tendrá que elaborar el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos, cobrar derechos e impuestos, emitir opiniones sobre precios y tarifas de los bienes y servicios.
Además, aprobará los programas de contratación de personal, emitirá lineamientos de credencialización y el padrón de los verificadores administrativos; en sus facultades también estarán las compras de bienes y servicios, la administración de los recursos provenientes de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) y emitir declaraciones de protección del patrimonio.
Otro de los cambios que se establece es que una vez entre vigor la nueva ley, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deberá dar paso a la desaparición de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), cuyas facultades regresarán a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).
“Se deberán realizar las gestiones pertinentes para que dichas funciones o servicios se transfieran a la Secretaría de Obras y Servicios de manera ordenada; considerándose al efecto los recursos humanos, financieros y materiales que se encuentren asignados a los mismos. Las personas servidoras públicas que con motivo de lo dispuesto en el presente transitorio se readscriban a la Secretaría de Obras y Servicios, serán respetados en sus derechos humanos, laborales y de seguridad social”, indica el artículo Vigésimo Transitorio.
Reestructuración. La Administración Pública de la Ciudad de México deberá proponer reestructurar sus áreas conforme a la nueva política de austeridad republicana.
Mediante un aviso publicado en la Gaceta Oficial capitalina, se ordena a los titulares de dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, entregar por escrito la solicitud de un dictamen de estructura o reestructura orgánica a la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa.
