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A menos de una semana de que el pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley de Cultura Cívica, los diputados locales le harán otros ajustes debido a que sancionan la prostitución con trabajo comunitario en la Ciudad de México, lo que resulta inconstitucional.
Mediante un comunicado de prensa, el Congreso local informó que realizó una revisión del articulado en el que se aprobó “inadvertidamente” una fracción del artículo 27 que establece que el trabajo sexual es una conducta que viola la “tranquilidad de las personas”, y será sancionada con una multa de 10 a 40 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México, es decir de 844.0 a 3 mil 379 pesos, o arresto de 13 a 24 horas o mediante actividades de apoyo comunitario.
Sin embargo, la prostitución no es penada en la Constitución de la República Mexicana, por lo que en ese apartado de la Ley de Cultura Cívica vigente es considerada inconstitucional y violatoria de
los derechos laborales y de las garantías constitucionales vigentes en el país.
“En este nuevo proyecto de Ley de Cultura Cívica no solamente prevalece la pena, sino que aumenta la sanción una Unidad de Medida y se agrega la opción de trabajo comunitario.
“Por ello, anuncian que se están analizando las rutas legales para derogar esa fracción de la ley, pues atenta contra los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”.
Además se informó que junto con organizaciones de la sociedad civil, se revisan las vías para lograr el reconocimiento formal del trabajo sexual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la constitución de la Ciudad de México.
Molestia. Este hecho generó la molestia e indignación de organizaciones y colectivos pro defensa de los derechos de los y las trabajadoras sexuales, quienes consideran que los establecido en la normatividad representa una regresión a los años 90, cuando eran perseguidos por los policías.
La activista Kenia Cuevas comentó que se están dando una serie de reuniones entre las diversas agrupaciones para salir a defender sus derechos laborales como sexoservidoras y si es necesario, dijo, acudir a Palacio Nacional.
Además cuestionó a la actual administración capitalina por no atender a este sector de la población en temas como seguridad pública, así como también otorgarles programas sociales y asistenciales, al tiempo que las revictimiza.
La activista añadió que la Ley de Cultura Cívica criminaliza su actividad y eso está en contra de sus derechos humanos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nashieli Ramírez, reprobó lo establecido en dicha legislación, al tiempo que recordó que ya habían emitido una recomendación al respecto.
