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Un grupo de 128 mujeres que, en su mayoría, tienen entre 30 a 40 años y han sufrido violencia será el primero en portar los geolocalizadores que el gobierno capitalino repartirá para prevenir los feminicidios.
En entrevista Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la procuraduría capitalina, detalló que la mayoría de estas mujeres han sido agredidas por sus parejas sentimentales, y que hay registro de esto.
“Son víctimas de violencia familiar principalmente, de pareja (…) tenemos referencia por algunos indicadores; por ejemplo, en estos casos [los agresores] tienen control del tiempo de la persona, del celular… la sigue, la espía, le hace llamadas constantes, le deja mensajes amenazantes”, enumeró. Además, en algunos casos las mujeres han sido amenazadas con armas blancas y de fuego.
Montealegre Díaz agrega que algunas de las mujeres viven con sus victimarios, “en algunos casos [viven con la persona que las violenta], no han logrado llegar al punto de la separación, y es que esa es una decisión de cada una de las mujeres. Nosotros no podemos obligarlas a que dejen a la pareja, trabajamos en su empoderamiento, en que ellas vayan caminando hacia su autonomía progresiva, pero tampoco las podemos obligar”.
Esta entrega de GPS es coordinada por la Secretaría de Gobierno y fue anunciada en el antiguo Palacio del Ayuntamiento por la procuradora de la Ciudad, Ernestina Godoy, quien detalló que en total son mil geolocalizadores los que adquirió la anterior administración por 10 millones de pesos como parte del programa Código Violeta, y que estaban almacenados.
Es por eso que la subprocuradora explicó que el origen de esta medida deriva de que un grupo de organizaciones civiles solicitó al gobierno la activación de la alerta de género en la Ciudad de México pues detectaron al menos 15 casos en los que, además de la violencia en contra de las mujeres, las autoridades no habían actuado con base en los protocolos de atención a víctimas.
Como resultado de sus investigaciones publicadas en el Informe del Grupo de Trabajo, conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, se detalló que de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres de acuerdo con datos del Gobierno capitalino.
Específicamente, la procuraduría local reportó que 44.2% de las víctimas tenían entre 18 y 30 años, 40.1% entre 31 y 60 años, 8.6% era menor de 17 años, 6.2% tenía más de 60 años y del resto no se cuenta con el registro de su edad.
Además, al hacer una petición de información sobre las medidas de protección para aquellas mujeres que fueron violentadas “la procuraduría informó que después de una revisión a la base de datos respectiva, no se encontró evidencia que indique que se haya solicitado alguna medida u orden de protección respecto de una carpeta o averiguación previa por feminicidio u homicidio doloso”, señala el informe.
Tras esta solicitud de Alerta se estableció una mesa de trabajo conformada por un grupo de expertos que “emitieron algunas recomendaciones. Hablaban de un geolocalizador Código Violeta a través del cual se le pudiera atender de manera inmediata cuando esté en riesgo de violencia feminicida”, comentó la funcionaria, quien además especificó que “para llegar a esta entrega hay un camino previo: que la mujer esté en proceso de atención con nosotros, que se aplica una cédula que tiene 26 indicadores que te permiten identificar si hay un riesgo de violencia extrema para ella”, abundó la subprocuradora.
Como parte del proceso para la entrega de estos botones de pánico, recientemente se establecieron mesas de trabajo con los titulares de dependencias capitalinas: Secretaría de Gobierno, PGJ, Secretaría de las Mujeres, DIF, Secretaría de Desarrollo Social, C5 y Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, estas autoridades detectaron una falta de seguimiento para la activación de de los botones de pánico. Por ejemplo, no hay un equipo designado en el C5 para atender la emergencia y no había una guía para entender la operación de las herramientas.
“Pero qué fue lo que nos sucedió, que teníamos que conocer el funcionamiento de estos equipos porque yo le puedo decir ‘tenga su dispositivo, su código violeta y usted lo puede activar’, pero en realidad nos dimos cuenta que ahí es donde teníamos que trabajar, en verificar las condiciones de funcionamiento de este geolocalizador y la respuesta que vas a dar como institución porque en términos dela normatividad que se creó la administración pasada, hay un grupo operativo que hace todo lo que es la planeación, la revisión u la operación de este dispositivo, está conformado por ocho instituciones”, comentó.
Cómo funciona
El geolocalizador tiene dos botones. De manera preliminar, el primero es para lanzar una alerta que será recibida por los operadores del C5, y el segundo para llamar a un contacto de emergencia, que bien puede ser un familiar o conocido de confianza.
Una vez que es accionado, vibra y enciende una luz verde como señal de que la policía ya tomó conocimiento de que la mujer necesita ayuda inmediata. Es entonces cuando se manda una patrulla del cuadrante para auxiliarla y hacer la detención o contención necesarias.
En caso de que la mujer haya errado en apretar el botón, puede hacer una llamada a los operadores para indicar que se trató de una falsa alarma.
Inicio de la medida
Aunque ya se tiene a las primeras mujeres que recibirán el dispositivo, las autoridades no han definido cuándo se iniciara este Código Violeta, pues falta por definir si los operadores del C5 serán capacitados para actuar en caso de que se active el código.
“No tenemos una fecha definida, estamos trabajando en tener ya el funcionamiento óptimo para proceder a la entrega”, confesó la funcionaria.
En tanto, ya se han reunido cuatro veces los representantes de las dependencias vinculadas al uso de este GPS para la prueba y evaluación de la medida. De los mil dispositivos, 350 quedaron en el DIF y las secretarías de las Mujeres y la de Desarrollo Social, y la procuraduría posee 650, que están en tres áreas principalmente: el Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa y el de Azcapotzalco, y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.