Toluca, Méx.— A través del programa de Justicia Terapéutica del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA), los primodelincuentes en el Estado de México que cometen delitos motivados por la adicción a las drogas o el alcohol tienen una segunda oportunidad, pues el juez decide liberarlos con el compromiso de que éste se rehabilite de las adicciones y consiga un empleo, además de concluir sus estudios.

En cinco años sólo han sido beneficiadas con esta medida 500 personas, pues hace falta difusión sobre el programa que permite una verdadera reinserción social, dijo la titular del Instituto de la Defensoría Pública, Irma Leticia Cisneros Basurto.

“Así de fácil, en un año pasé de consumir una bolsita a la semana a necesitar 10 en un día, movido por esta necesidad fue que me detuvieron, no sabía que traer droga en mi auto era un delito y fui a dar ante el Ministerio Público, donde toqué fondo y pedí ayuda”, explicó.

Este hombre de 39 años indicó que la enfermedad parecía insuperable, dejó de llevar dinero a casa, expuso a sus hermanas y a sus sobrinos. Durante su trayecto por este “infierno” describió que en un momento dejó de trabajar, sólo pensaba en consumir y pidió dinero prestado para ir a comprar drogas al Mercado 16 de Septiembre, por lo que los criminales fueron a su casa para cobrar su dinero y ahí remató su auto de 100 mil a 11 mil pesos para cubrir su adeudo.

En todos estos casos, relató la titular del instituto, se trata de delitos como robo simple, en donde no hay lesiones ni armas involucradas, delitos contra la salud no graves, incluso delitos patrimoniales en los que no hubo víctimas, pero de haberla primero deben pagar la reparación del daño para poder acceder a este beneficio.

El programa supone una oportunidad para despresurizar las cárceles, porque previo a ser sentenciados, el juez decide que pueden tener una segunda alternativa de vida, son personas que tuvieron una conducta equivocada, pero que se puede corregir.

“Es un programa noble que está dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que realmente permite a las personas una nueva oportunidad, en donde el juez analiza el caso y establece el tiempo en el que eventualmente habrá una rehabilitación, recibe de la Defensoría, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, laComisión de Atención a Víctimas, así como el sector Salud”, dijo.

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