Toluca, Méx.— Luego de que el Poder Judicial ordenó que se revisara el expediente de la muerte de Pamela Anaya Martínez para definir si se podría configurar un feminicidio, registrado en Valle de Bravo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) determinó que en el caso no había delito y que fue un accidente, lo cual fue criticado por la defensa de los familiares de la víctima.
“La fiscalía, dolosamente, en su resolución señala que se aprecia cuando este señor aprieta el control para abrir la puerta, y en ese momento la víctima se introduce en la casa y sorpresivamente la puerta se cierra, tratando de establecer una falla mecánica que no es imputable a nadie. Con ello incurre en un delito la institución, pues de acuerdo con el dictamen de criminalística y que obra en la carpeta de investigación, se aprecia que Isaac provoca el cierre del portón premeditadamente”, precisó en entrevista para EL UNIVERSAL el abogado Virgilio Tanus.
Lo anterior, acusó, es un “evidente caso de corrupción por parte de la fiscalía, que trata de eximir de responsabilidad al acusado, es un abuso y se aprovechan de que el nuevo sistema de justicia penal, los jueces de Control no tienen acceso a los expedientes”.
Explicó que el pasado 23 de mayo, el juez dio 10 días a la fiscalía para emitir una nueva resolución, pues consideró que la primera con la que cerraron la carpeta, en la que definieron que no había delito, “estaba mal elaborada, sin sustento legal, mal motivada y mal fundada”.
“Salimos confiados en que el único camino de la institución era modificar su criterio y solicitar el inicio de un proceso judicial penal contra el presunto responsable, pero emitió la resolución en el mismo sentido, pero motivando que se trata de un caso fortuito de causa de fuerza mayor”, indicó el abogado.