Cuautitlán Izcalli, Méx.— Las denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en el Estado de México registran tendencias al alza en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De enero a abril de 2024 en la entidad mexiquense sumaron mil 31 casos, un leve incremento con relación al mismo periodo de 2023, que registró mil 23, mientras que en todo 2022 fueron 986; 2021 cerró con 733, y 2020, con 582.
“Al papá de mis hijos le asignaron 5 mil pesos mensuales y no lo hace. Y como fue provisional porque yo no tenía dinero para seguir pagándole a la abogada, ya no se terminó el proceso. Y él argumentó que no tenía un trabajo formal, pero le fijaron esa cantidad y aún así deposita lo que quiere; al final de cuentas dice que no ha tenido ingresos y da 500 pesos a la semana por cada uno”, contó Estefanía, madre de dos niños, de 3 y 2 años, habitante de Cuautitlán Izcalli.
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Desde el inicio del embarazo, la situación con el padre de sus hijos se complicó y demandó por pensión alimenticia, sin lograr que el hombre cumpla luego de tres años.
“Y es más difícil, porque él como tal es su propio jefe, no tiene un patrón. Se dedica a vender tacos en Tlalnepantla y está bien, es algo digno, sólo que el problema es que no deposita completo, y por más que intento, dice no tener miedo a una represalia legal. Yo lo que gano de algunos trabajos que hago desde casa los ocupo para completar”, relató Estefanía.
Las resoluciones de las demandas por pensión alimenticia en el Estado de México o el castigo penal por el incumplimiento suelen ser tardadas, más cuando el deudor no tiene un trabajo estable.
“Que no pertenecen a ninguna empresa, que no están dados de alta en el SAT y que no declaran impuestos. No hay rastro de ellos, no están ni dados de alta en el Seguro Social porque trabajan por su cuenta”, manifestó Elizabeth Márquez, abogada especializada en materia familiar.
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La especialista refirió que la práctica que pareciera no frenarse es en la que los patrones y el empleado llegan a un acuerdo para pagarles menos en nómina, a fin de que el juez no pueda fijar un monto alto de pensión, basado en el sueldo que reportan en sus respectivas áreas laborales.
“Se ha estado solicitando en el Estado de México que se registre a los que no cumplen en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero para los jueces, a pesar de que ya hay sentencias, pasa inadvertida esa cuestión. Ahorita lo que se está implementando para que no ejerzan el voto o que no haya créditos para ellos, va muy lento. Las autoridades no agilizan y es entendible porque este delito va en aumento”, puntualizó Elizabeth Márquez en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sobre la protección del interés superior de la niñez, la abogada indicó que siguen siendo los que quedan en estado de indefensión ante los deudores, toda vez que incluso existiendo una sentencia, hay quienes no la cumplen y depositan menos de lo señalado, burlando lo marcado por el juez.