Más Información
Morena no garantiza aprobación de la despenalización por completo del aborto en CDMX; busca consenso
“Rosario Piedra llega a terna finalista de CNDH gracias a criterio político”; Alejandra Barrales en Con los de Casa
Violencia en Tabasco no para; reportan quema de vehículos, narcomantas, ejecutados, así como ataques a comercios y a policías
juan.barrera@eluniversal.com.mx
Tecámac, Méx.— Organizaciones sociales conformaron un frente para rechazar la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, megaproyecto que acusaron depredaría el medio ambiente, sobre todo las zonas de recarga de acuíferos, y exigirán que las comunidades afectadas sean consultadas al respecto.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Coordinadora Nacional El Agua para Todos, el Fuego de la Digna Resistencia y sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac y Zumpango, así como representantes de Jaltenco, Nextlalpan, Acolman, Temascapala y Tizayuca, se reunieron para crear dicho frente.
En un comunicado, “pueblos originarios” de Tecámac y Zumpango afirmaron que están de acuerdo con la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, pero añadieron que construir el aeropuerto en Santa Lucía, Tecámac, afectaría el derecho al agua en la región.
“Texcoco y Cuautitlán-Pachuca pertenecen a la Cuenca de México, la cual se encuentra sobrexplotada entre 500% y 800%, esto significa que el cambio de lugar del megaproyecto mantiene el riesgo de generar una insustentabilidad hídrica en todo el Valle de México, es decir, un aeropuerto [tanto] en Santa Lucia como en Texcoco, generaría un colapso en el acceso al Derecho Humano al Agua en toda la región”, aseguraron.
Agregaron que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México, establece que se debe “realizar una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en determinaciones gubernamentales”, cuando existan medidas legislativas y administrativas que afecten a comunidades directamente.
En los próximos días se informará sobre los acuerdos y el nombre de la nueva organización.
Ricardo Ovando Ramírez, de la organización Agua para Todos, expresó: “El gobierno está obligado a consultar a los pueblos cuando tenga un proyecto que pueda causar daños a la forma de vida, el medio ambiente de los pueblos originarios. Hay sustento jurídico para una consulta de ese tipo”. Aclaró que la consulta se debe efectuar solamente en las comunidades afectadas y no en todo el país.