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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hay una queja formal en la Contraloría General capitalina contra quien resulte responsable por la compra de geolocalizadores, pues no fueron una buena estrategia para impedir feminicidios en la capital.
“Sí, hay una queja formal en la Contraloría y en la procuraduría, así como en la Secretaría de las Mujeres y, como anunciamos hoy [ayer], nos tomamos en serio la prevención; la prevención no son silbatos, sino realmente evitar la violencia de género”, aseveró.
Expuso que han implementado acciones para erradicar la violencia de género, entre ellas, el programa de abogadas en cada Ministerio Público (MP), lo que ha resultado en más de 2 mil 500 carpetas de investigación abiertas en el periodo de marzo a junio. Destacó que se elevaron las medidas de protección y se fortalecieron las casas de las mujeres, denominadas Lunas.
“Es histórico en nuestro país y en particular en la Ciudad que la mujer que llegaba al MP y denunciaba violencia de su pareja o de alguna persona cercana o no cercana, los agentes de decían: ‘Bueno, eso no se configura en delito, no es suficiente, mejor regrese la próxima vez o vaya al instituto de la mujer a que le den asesoría’”, explicó.
La mandataria capitalina detalló que la procuraduría local reconoce realmente el delito, logrando que la víctima presente su denuncia para evitar otro caso.
“Estamos salvando a las mujeres. No son solamente medidas de prevención de palabra; al aumentar la protección lo que estamos haciendo es salvar a una mujer de una violencia mayor”, defendió.
Como parte de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, ayer dieron inicio las mesas técnicas de acceso a la justicia en casos de muertes violentas en la Ciudad de México, que encabeza el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y cuyo objetivo es garantizar la coordinación entre las autoridades locales para abordar las principales problemáticas a las que se enfrentan durante la investigación de homicidios dolosos y feminicidios, a fin de dar solución a los mismos.
“Esfuerzos como las mesas técnicas contribuyen a romper con paradigmas, a tener nuevos paradigmas. Necesitamos operadores de justicia que le pongan el nombre justo a la violencia que viven las mujeres para que se atienda y se apliquen las medidas idóneas”, expresó Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Reconoció los trabajos realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) de reclasificar los delitos registrados en el gobierno pasado, en los que se tienen seis reclasificaciones de carpetas de investigación; es decir, no se había catalogado como feminicidio, de tal manera que se indagaba como suicidio u homicidio y no como una violencia directa a la mujer.
Asimismo, en lo que va de la administración, se tienen 15 feminicidios judicializados, de los cuales cinco ya están sentenciados y los demás están en proceso.
