El pleno del Congreso de la Ciudad de México dio a conocer un acuerdo a fin de no sancionar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por haber violado la ley durante el pasado proceso electoral.
A decir de los morenistas y sus aliados, no tienen facultades para sancionar a la mandataria, tal y como lo ordenó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hace unos meses, esta Sala Regional determinó que Sheinbaum vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en el proceso electoral local 2021-2022 en Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, pues visitó estas entidades durante campaña.
Además, calumnió al calificar como “traidores a la patria” a diversos legisladores federales, por lo que se dio vista al Poder Legislativo local para que aplicara las sanciones correspondientes.
No obstante, la mayoría morenista que integra la Mesa Directiva del Congreso local decidió no aplicar ninguna sanción, y dicho acuerdo fue leído ayer en el pleno del Congreso.
En la sesión virtual, el diputado de Morena, Gerardo Villanueva, dijo que no se puede aplicar “pena sin ley” a alguien sin un superior jerárquico.
“Yo propuse, con base en fundamentos jurídicos, que el Congreso no cuenta con el respaldo de una norma que específicamente encuadre la sanción aplicable a la conducta de la infracción acreditada en cada una de las sentencias referidas”, dijo.
Este argumento se fundamenta en el propio acuerdo, el cual señala que si bien es cierto que el artículo 449 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales prescribe las infracciones atribuibles a las personas servidoras públicas, no precisa cuáles serán las sanciones que habrán de imponerse a las personas servidoras públicas.
La coordinadora morenista en el Congreso, Martha Ávila, dijo que sería irresponsable aplicar una sanción cuando es todavía hay la posibilidad de interponer medios de defensa “y aún hay recursos pendientes sobre estos casos en las instancias electorales federales”.
Daniela Álvarez, de Acción Nacional, argumentó que hay tesis en las que se señala que, ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades federativas son los órganos competentes del Estado para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico, como la jefa de Gobierno.