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El plan B en materia electoral, publicado ayer por la madrugada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no tendrá injerencia automática en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); sin embargo, la consejera presidenta, Patricia Avendaño, dijo a EL UNIVERSAL que el Congreso local deberá legislar para armonizar las leyes electorales capitalinas con lo mandatado en el plan B.
“Tendremos que saber cómo va a procesar el Legislativo local estas determinaciones que estén tomando en este llamado plan B, entonces no es tan inmediato [para la Ciudad], entiendo que las determinaciones más inmediatas y puntuales van encaminadas al INE, pero en el caso de los conocidos como OPLE, que son los Organismos Públicos Electorales Locales, todos tendremos que esperar a las determinaciones que adopten los Congresos locales en cada una de las entidades federativas para saber cómo van a procesar lo que se está proponiendo en esta reforma electoral”, sostuvo.
Subrayó que en el caso de los OPLE, el plan B les mandata eliminar la estructura territorial, que son las oficinas que tiene, por ejemplo, el IECM en cada uno de los 33 Distrito Electorales, “pero nosotros tendremos que esperar cómo lo procesa el Congreso de la Ciudad, dado que hay una libertad configurativa de estos órganos autónomos electorales en cada una de las entidades federativas por parte de los congresos locales.
“Cada uno de estos Congresos tendrá que determinar cómo reflejan estas modificaciones del llamado plan B en la legislación aplicable en cada estado y en este caso de la Ciudad de México”, dijo Avendaño.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Federico Döring, comentó que hay un consenso con los diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales para legislar en la materia hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan de fondo las controversias que se presenten contra el plan B.
“Me comentan los diputados, quienes están en esas comisiones y que han hablado con funcionarios del instituto y del tribunal, que el consenso es esperar a ver qué resuelve y dejan firme los tribunales, tanto la justicia federal y la electoral, y a partir de eso, hacer los ajustes al marco local”, puntualizó.
Dejó claro que no pueden legislar sobre suposiciones o especulaciones de lo que resolverán los tribunales.
“Puede haber tramos que se declaren inconstitucionales por los tribunales electorales de aplicación y puede haber amparos que consigan personas a las que se les pretende colocar en el desempleo contra la aplicación genérica de los instrumentos jurídicos”, aseveró Döring.
EL UNIVERSAL buscó al presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, Temístocles Villanueva, para conocer su opinión sobre este tema, pero, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
El plan B señala, entre otras cosas, que los Organismos Públicos Electorales Locales no contarán con estructura municipal o distrital permanente. Durante los procesos electorales podrán instalar órganos municipales o distritales integrados por un máximo de tres personas consejeras. El órgano de dirección superior determinará en qué casos se justificará ampliar dicha integración, de manera excepcional, hasta cinco.
El INE no delega la función de fiscalización, los Organismos Electorales Públicos Locales tienen prohibido contar con áreas y estructuras operativas y organizacionales en materia de fiscalización y ejercer recursos para estos fines.
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