Derivado de la pandemia del Covid-19, el Congreso de la Ciudad de México enfrenta un estancamiento jurídico, que le ha impedido resolver 202 juicios laborales, los cuales costarán al erario 22 millones 47 mil 946 pesos.
De igual forma, no ha podido dar respuesta a mil 723 juicios de amparo de diversas materias, además de que enfrenta deficiencias en el registro de facturas para el pago oportuno y falta de seguimiento a las demandas penales.
Lo anterior se desprende del Informe de Actividades de la Oficialía Mayor del Congreso local, que este lunes presentará su titular, Reynaldo Baños Lazada, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el perredista Víctor Hugo Lobo Román.
En el documento, cuya copia posee EL UNIVERSAL, el funcionario menciona que este estancamiento se debe también a que ese órgano desde marzo pasado sólo trabaja con aproximadamente 15% del personal de estructura y honorarios, así como con 10% del personal de base.
Entre los amparos que tiene pendiente, destaca el promovido por la inmobiliaria Trepi, S.A., que responsabiliza al Congreso local, sin ser autoridad responsable, de autorizar la modificación del cambio de destino de área verde con el que asignó el predio en Montes Urales 525, colonia Lomas de Chapultepec.
Entre otro de los pendientes está la denuncia relacionada con el pago de un millón 370 mil 980.80 pesos por la compra de tóner, cuyo dinero lo transfirió a la empresa Tecnologías de la Información Grupo 85, S.A. de C.V., en lugar de a la proveedora Flor de María Adame Vives.
La demanda está radicada en la carpeta de investigación CI-FICOH-CUH-6/UI-3S/D/00001/052020, misma que conoce la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la que el acusado es el tesorero del Congreso local, Armando López Fernández.
Asimismo, debido a que la Dirección de Adquisiciones está sin titular desde febrero, tiene, entre otras deficiencias, que los padrones de proveedores no estén actualizados desde 2018, así como la imperfecta integración de expedientes de Adjudicaciones.
Adicionalmente, el Programa Anual de Adquisiciones 2019 no presenta una programación calendarizada, ni las modalidades óptimas para ejercer las compras, lo que provoca que éstas generen, en algunos casos urgentes, irregularidades.
También está pendiente el pago de la factura a la empresa Sí Vale, por el obsequio del Día Internacional de la Mujer, del que el Congreso local adeuda 136 mil 762.36 pesos.
Otro asunto sin resolver es la firma del contrato para el seguro colectivo de retiro y seguro institucional de vida o invalidez total y permanente, con la empresa Metlife México, S.A., por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, por un monto de un millón 989 mil 427.30 pesos.
Este lunes también comparecerá ante la Jucopo el coordinador de Servicios Parlamentarios, Alfonso Vega González, cuyo informe deja en evidencia problemas con el sistema de sonido y grabación del recinto legislativo, así como en el sistema de estenografía, pues aunque hay equipos nuevos, no cuentan con el programa necesario para su utilización.
Esta situación, reconoce, se debe también a la emergencia sanitaria, “lo cual afectó el funcionamiento de todo el Congreso”, expone en su informe.
Destaca que esa área, por ser la responsable de cubrir todas las sesiones que realiza el Congreso, se vio obligada a trabajar con medios electrónicos que pueden llegar a fallar.
Además, destaca que la Dirección de Servicios Parlamentarios no ejerce plenamente las funciones en dos aspectos fundamentales: la revisión de los dictámenes y la elaboración de los decretos, cruciales para evitar omisiones de técnica legislativa que repercuten en las publicaciones.
Esta ha sido la razón por la cual la Jefatura de Gobierno a cada rato le devuelve las leyes aprobadas, debido a errores y vacíos jurídicos que hacen imposible su publicación en el Diario Oficial.