Esta madrugada el Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.
Con 43 votos a favor de Morena, PVEM, PT y PRD, por 17 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se avalaron estos cambios al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los jueces otorguen prisión preventiva oficiosa en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, producción de fentanilo y otros delitos.
Durante la sesión, en la que no faltaron los chistes y chamarras para aminorar el frío, 21 diputados razonaron su voto hasta por tres minutos cada uno.
Lee también Avalan reforma sobre prisión oficiosa; va a Congresos locales
Esta vez sí se les contó el tiempo y cuando lo rebasaban se les apagaba el micrófono.
El panista Ricardo Rubio calificó esta reforma como regresiva, al ir en contra de los derechos humanos y porque sólo servirá para encarcelar opositores “y es de dictadores perseguir opositores”; además agregó que se excluyen delitos como la defraudación fiscal y el narcomenudeo que representa en la Ciudad de México el 100% de impunidad y aquí “el que la hace no la paga”.
En tanto, la morenista Yuriri Ayala precisó que esta reforma representa una medida cautelar para evitar que los delincuentes evadan la justicia, con énfasis en delitos como el tráfico de fentanilo que afecta a la ciudadanía, pero sobre todo a las y los adolescentes mexicanos.
Lee también Avanza el ampliar catálogo de prisión preventiva oficiosa
El priista Omar García Loria manifestó el rechazo de su grupo parlamentario a esta iniciativa, al señalar que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos con el pretexto de combatir el crimen, pero éste no se resolverá, por el contrario, se afecta a quienes tienen menos recursos para defenderse. “Ninguna persona debería ser declarada culpable antes que se demuestre su responsabilidad”.
Olivia Garza, del PAN, se manifestó en contra de esta medida, al argumentar que manda a más personas a la cárcel, incluso a quienes cometen delitos menores y sin investigarlos, “como prisión automática”, y al profesionalizar delincuentes en prisión ayudaría a dar un ejército al narco.
En su turno, Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, comentó que la cárcel sin juicio no es la respuesta y que debería promoverse la denuncia por parte de las víctimas ante la autoridad competente para hacer frente a la delincuencia. Señaló que la incapacidad del Estado para brindar soluciones contundentes costará la validez de los derechos humanos de las y los mexicanos.
Manuel Talayero, del PVEM, defendió que se haya excluido la defraudación fiscal porque incluirlos en la prisión preventiva oficiosa podría haber ocasionado un “golpe muy fuerte para el sector productivo del país”. Agregó que esta reforma permitirá dar un paso a un sistema de justicia más equilibrado, donde los verdaderos culpables serán encarcelados.
Elizabeth Guerrero, del PT, respaldó esta propuesta, ya que permite fortalecer la actividad del Estado contra la delincuencia, en particular contra el tráfico de fentanilo. Aseguró que no vulnera la presunción de inocencia, y se enfoca en combatir delitos graves y de alto impacto, al evitar que los imputados sigan sus actividades ilícitas durante el proceso judicial.
vcr