El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad que hasta 2030 entre en vigor la llamada , que busca impedir que las personas sentenciadas por delitos sexuales o deudores alimentarios sean candidatos o servidores públicos.

Originalmente estas reformas entrarían en vigor este 31 de agosto de 2024, pero con la modificación aprobada al Artículo Tercero Transitorio de la Constitución capitalina, será hasta el 1 de enero de 2030 cuando se apliquen.

La aprobación de esta norma pasó de noche por la mayoría de las y los diputaos locales, pues se votó en conjunto con modificaciones al Artículo 11 constitucional para garantizar que las mujeres y niñas en situación de violencia puedan acudir a un refugio o casa de emergencia con los apoyos sociales, económicos, psicológicos y jurídicos para mantenerse a salvo.

La diputada del PRD Polimnia Romana había anunciado que presentaría una reserva en contra de este aplazamiento, pero minutos antes de discutirse cambió de opinión tras una plática con la vicecoordinadora de Morena, Guadalupe Morales.

Al fundamentar este dictamen, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho se centró en los beneficios de proteger a las mujeres víctimas de violencia y omitió decir que también se votaría por aplazar la Ley #3de3.

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