El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional para ponerle un tope más bajo al aumento de las rentas en la capital del país.
Con 50 votos a favor se aprobaron en lo general y en lo particular modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda para que el incremento de la renta nunca sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, “respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.
Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.
Asimismo, estas reformas crean un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y “para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”.
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De igual forma, este dictamen garantiza la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
Esta producción pública de vivienda será aquella que realice la administración capitalina con recursos públicos, a fin de ofrecer acceso a la vivienda en arrendamiento con un criterio de asequibilidad para las personas de menores ingresos.
Por último, se busca que un mayor número de personas tengan acceso a una vivienda, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho, preferentemente a la población en situación de pobreza, “trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años”.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, comentó que con estas reformas, propuestas por el jefe de Gobierno, Martí Batres, abordan una problemática que lleva años en la Ciudad, pero que no había sido debidamente abordada.
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Recordó que la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho constitucional.
“Afortunadamente en la Ciudad de México, epicentro de los gobiernos de izquierda en nuestro país, existe una sensibilidad adecuada por parte de nuestras autoridades y, de ser aprobado el dictamen que estaremos votando en unos momentos, seremos participes de una de las reformas que limitarán el aumento en el precio de las rentas de manera desproporcionada, coadyuvando así también a detener el fenómeno de la gentrificación y la especulación inmobiliaria”, apuntó.
En este sentido, al razonar su voto, el diputado Víctor Hugo Lobo comentó que 24% de los capitalinos rentan, por lo que destacó la importancia de este dictamen. Mónica Fernández expuso que las rentas deben ser proporcionales con los ingresos de los habitantes.
Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, apuntó que esta iniciativa es un “pequeño paliativo” al gran problema de vivienda que enfrenta la Ciudad, por lo que el compromiso debe ser “construir una política de vivienda que atienda de origen el problema y que pueda garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda”.
Al respecto, Frida Guillén, del PAN, aseveró que la presente reforma es una victoria parcial del largo camino que aún falta por recorrer para que el derecho a la vivienda de los jóvenes no sea letra muerta.
Gabriela Salido coincidió en que estas son “reformas cosméticas”, y que esta Legislatura le quedó a deber a los capitalinos en materia de vivienda.
“Se reconoce el valor de visibilizar la necesidad de poner a discusión la vivienda en renta y este intento por la Jefatura de Gobierno, indiscutiblemente estará a favor de la iniciativa, pero no es suficiente, y no nos vayamos de esta Legislatura pensando que cumplimos la tarea, les quiero decir: no cumplimos con la tarea, le seguimos debiendo a la Ciudad y los capitalinos merecen mucho más de lo que hemos hecho en este Congreso”, apuntó.
Se presentaron cuatro reservas a este dictamen, sólo dos de ellas, de forma, fueron aprobadas.
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