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Para evitar abusos en las manifestaciones y acusaciones de uso excesivo de la fuerza , los policías de la Ciudad de México deberán usar videocámaras, cuya grabación acompañará el informe para evitar ser castigados o acusados penalmente al intentar evitar daños a inmuebles, a negocios y ciudadanos, así como agresiones en su contra.
Así lo aprobó esta mañana el Congreso local , con base en el dictamen que presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana , a propuesta de la diputada independiente Leonor Gómez Otegui, para reformar los artículos 27 y 33, así como adición a la fracción V y subsecuentes del artículo 3, de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
Ante esto, el dictamen será turnado a la Cámara de Diputados, y de ser aprobada la iniciativa, sería aplicada en las fuerzas policiacas de todo el país.
En sus motivos, Gómez Otegui planteó que los excesos y la brutalidad policiaca durante las manifestaciones o protestas ciudadanas no son exclusivas de nuestro país y también ocurre en las naciones desarrolladas, como últimamente ha ocurrido en Estados Unidos.
En su iniciativa, la legisladora establece que ante la violencia registrada en las últimas manifestaciones, en las que se registran daños a inmuebles y agresiones a ciudadanos y policías por parte de los manifestantes, es necesario documentar por medios audiovisuales la intervención de los uniformados y las detenciones.
“La presente propuesta no busca que los dispositivos de videograbación o cámaras personales, se utilicen para documentar detenciones, sino la actuación policial durante las manifestaciones y reuniones públicas”, aclaró Gómez Otegui.
En cuanto la legalidad del uso de dichos dispositivos, recordó, existen antecedentes en la Ciudad de México, en los que se equipó con más de 12 mil cámaras, tanto en patrullas como en uniformes, al personal de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, para vigilar la labor policial y cumplir con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Destacó que en lo referente al uso de la fuerza parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido que los Estados tienen derecho a emplear el uso de la fuerza, “siempre bajo los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad para respetar los derechos humanos y, sobre todo, por el derecho a la vida”.
Detalló que con estas reformas, los policías que actúen en manifestaciones o reunión pública, deberán portar este equipo de grabación audiovisual y anexar el material para cumplir con lo dictado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto al mecanismos de control y verificación sobre el uso legítimo de la fuerza.
Reconoció que el Artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reserva para el Congreso de la Unión, la facultad para expedir la Ley sobre el Uso de la Fuerza, de allí que será el Legislativo federal el que deberá establecer si aplica o no la medida aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.
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