Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron sancionar penalmente a los llamados montachoques, durante el periodo extraordinario.
El dictamen, por el que se adiciona la fracción IV del tercer párrafo del Artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal, agrava el delito de extorsión, con penas que van de cuatro a ocho años de prisión cuando se simule un accidente de tránsito para realizar el ilícito.
En total, los montachoques podrían alcanzar una sanción de hasta 23 años de cárcel, pues actualmente la extorsión ya se castiga con penas de 10 a 15 años de prisión.
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En este sentido, la diputada Luisa Gutiérrez, quien promovió la iniciativa, celebró la aprobación de este dictamen, pues se atiende a las solicitudes de aquellos que han sido víctimas de estas bandas delictivas y que han encontrado complicaciones al momento de denunciar.
“La aprobación de este dictamen ha sido una gran muestra de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas que integran este Congreso, las cuales —con los hechos— estamos enviando un mensaje muy claro y contundente: que no vamos a permitir que se agredan o afecten los derechos y la seguridad de las y los capitalinos”, dijo.
Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los montachoques se caracterizan por el uso de violencia hasta conseguir que el agredido entregue la cartera o incluso lo despojan del vehículo mediante una extorsión.
Estos delincuentes eligen a sus víctimas al identificar un auto de alta gama que no tenga seguro o a un conductor distraído. Luego, el automóvil que va a provocar el choque cambia de carril incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente aplicar una maniobra de frenado inesperada y que la persona que será extorsionada no alcance a detenerse y ocurra el impacto.
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El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del carro para intentar cobrar por el golpe. De acuerdo con lo reportado ante las autoridades, las cantidades van de mil 500 a 35 mil pesos.
Durante la sesión se aprobó un dictamen para aumentar las penas contra quienes profanen o roben cadáveres o restos humanos en panteones de la Ciudad. Las personas que caigan en esa conducta serán sancionadas con penas de hasta 10 años de prisión; la condena se incrementará si quien lo hace es funcionario, empleado del panteón o de una funeraría.
Asimismo, el Congreso capitalino aprobó castigar administrativamente y penalmente a los funcionarios que realicen actos de discriminación.
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