Toluca, Méx .- El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios fracasa en su responsabilidad pues pese a que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) mantiene una posición de denuncia, documentando actos indebidos por parte de la autoridad, los representantes de entes gubernamentales frenan los temas cínicamente y como parte de una complicidad entre instituciones públicas, acusó el presidente del CPC, José Guadalupe Luna.
Lo anterior, dijo, pues calificó de "cínico" el rechazo por parte de los integrantes de dicho Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal, al exhorto que emitió el CPC para exigir a la autoridad competente una respuesta a las condiciones de corrupción que privan en las prisiones mexiquenses y que vulnera los derechos de personas privadas de la libertad y sus familiares.
Explicó que el llamado era para que la Secretaría de Seguridad explique las acusaciones sobre los actos de corrupción que ocurren en las prisiones, pero "el Secretario de la Contraloría, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el Presidente del Instituto de Transparencia (INFOEM), el representante del Consejo de la Judicatura rechazaron que existan estas condiciones adversas en las prisiones estatales”.
Reprochó que “de este tamaño es el cinismo y lo que queda es marchar e iré a manifestarme públicamente, porque es imposible que los funcionarios más altos del estado, a quienes se les ha encomendado combatir la corrupción, den una respuesta tan aberrante".
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Lo anterior, toda vez que de los 18 centros penitenciarios que revisó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solo tres no tuvieron señalamientos, mientras que Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, son los tres que concentran el mayor número de quejas, aunque subrayó que los problemas dependen de la saturación, pues mientras haya más personas que celdas y camas, así como la capacidad de alimentarlos, va a existir esta presión.
En entrevista amplió que dicha resolución es sólo una muestra de lo que ha sucedido con este sistema anticorrupción, pues son dichos entes quienes frenan el avance de los temas y en este como en otros casos, se debe en buena medida a que no tienen un comportamiento consistente con la norma, pues no importa si son funcionarios públicos, sino que “tengan decencia, sentido común, moral y responsabilidad frente a las personas”.
Refirió que los actos de corrupción que tienen documentados en las prisiones son el soborno y la extorsión que sufren las PPL, además de sus familiares, el soborno para acceder a aspectos básicos para la sobrevivencia como la alimentación, el agua, un lugar donde descansar, por eso la importancia de que el sistema mandara una respuesta distinta al que emitieron los “burócratas”.
“El Comité Coordinador es la instancia definitiva con respecto al diseño, pero este tipo de acciones lo que deben de mover es a la deliberación pública, a someter a revisión el funcionamiento del sistema. La gente espera resultados y quizá no los ha dado, estoy convencido de que es un sistema complejo, que desde el diseño hay condiciones que dificultan su funcionamiento, por lo que deberíamos dejar en claro donde se frenan las cosas”, acotó.
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apr/acmr
