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Toluca, Méx.— Al menos tres de los 92 operadores de TEO y Flecha Roja que fueron retenidos por los alumnos de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, desde el 3 de octubre, se sienten inseguros de continuar trabajando y exponerse a ser víctimas de los estudiantes.
Piden a las autoridades que se haga justicia, aunque algunos no quieren denunciar por temor a represalias por parte de los normalistas.
De espaldas, para evitar exponer su rostro, uno de ellos relató que por esta situación hasta peligra su matrimonio, pues pese a que ellos no podían comunicarse libremente con sus familiares, trascendió lo contrario y “ahora tengo un problema con mi esposa. Hubo quien dijo que ahí teníamos mujeres”.
Relataron que se los llevaron hacia la escuela en Tenancingo el 3 de octubre y les advirtieron que no podían tomar fotos, grabar o llamar por celular porque “se irían contra nosotros o las unidades. Por eso esperamos a lo que nos dijeran”.
Narraron que eran alrededor de 80 muchachos armados con palos, tubos y piedras, y aunque no los golpearon y recibieron alimento casi a diario, incluso les dijeron que podían salir de la institución, cuando alguno pretendía hacerlo, vandalizaban los autobuses y esa amenaza los obligó a decidir quedarse.
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“[La escuela] es como un rancho; tienen zonas de siembra, lavandería, gallinas, caballos (...) dormíamos en el camarote del autobús. Nos dieron de comer huevo, tortillas, frijoles, pero no eran tres comidas ni podíamos comunicarnos libremente”, añadió el denunciante.
Los hombres pidieron reservar sus datos porque el plantel de Tenería sigue funcionando y tras observar que los jóvenes lograron sus exigencias “chantajeando” a las autoridades, temen que priven de la libertad a otros operadores a cambio de otras.
Recuento. Édgar Estrada, de Flecha Roja; Alejandro Aguayo, de Zinabus, y Víctor Arizmendi, de TEO, gerentes de las empresas a las que les retuvieron 92 unidades desde el 3 de octubre, refirieron que los daños con que regresaron los autobuses se estiman en 2 millones de pesos, aparte de los 33 mil pesos que cuesta cada kit de seguridad que dañaron, que incluye GPS y cámaras de vigilancia.
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“Flecha Roja estableció 49 denuncias por robo y privación ilegal de la libertad ante la fiscalía. La empresa ha tenido una incidencia de estos ilícitos por 262 autobuses al año. La primera denuncia fue el 14 de junio de 2017”, dijo Édgar Estrada.
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López, anunció que buscarán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para detallarle los problemas a los que se enfrentan.
