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El Gobierno de la Ciudad de México y la organización Damnificados Unidos disputan el presupuesto asignado a la remodelación de algunos departamentos dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues algunos afectados solicitan hasta 2 millones de pesos.
“Hay personas de muy alto nivel económico y lo que están pidiendo es 2 millones de pesos de rehabilitación de su departamento. Hay límites del presupuesto público porque la reconstrucción está siendo financiada por el impuesto de todos los mexicanos; se busca de distintas maneras generar las mejores condiciones para los damnificados, pero hay cosas que ya no se pueden”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, dijo que la organización ha presionado al Gobierno para que se otorgue esta cifra por departamento a la rehabilitación del edificio número 27 de la calle Ámsterdam, colonia Condesa.
“Por ese tipo de excesos lucha el colectivo”, escribió Cravioto Romero en sus redes sociales.
La mandataria capitalina recordó que hay reglas del Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de uso Habitacional en la Ciudad de México, en donde se plantearon 350 mil pesos por departamento; no obstante, hay algunos casos en donde se buscan opciones que permitan que sea más de este recurso.
“Entonces, se están buscando distintas estrategias. Para el caso de los edificios, por ejemplo, en la Condesa y en otros lugares, se tiene planteada la redensificación, donde se construye un piso más y es el propio gobierno, a través de Servimet y de sus propios mecanismos o alguna inmobiliaria, quien comercializa ese piso para poder pagar viviendas más grandes”.
“No habrá reconstrucción opaca”. Pese a la molestia de Damnificados Unidos sobre las recientes auditorías que realizó la administración a las empresas encargadas de la reconstrucción de 23 edificios afectados por el 19-S, Sheinbaum Pardo aseguró que no va a haber reconstrucción opaca, va a haber reconstrucción transparente y se realizarán denuncias penales en el caso de no justificar los fondos.
“Para todo el recurso que se otorgó durante la administración pasada, se están haciendo las auditorías conducentes y se va a sancionar a las empresas o, incluso, si es necesario, llegar a denuncias penales en caso de que no se estén justificando los recursos”, dijo.
El miércoles pasado la mandataria capitalina sostuvo una reunión con esta organización que duró alrededor de tres horas y media; sin embargo, comentó que se rompió el diálogo luego de que los damnificados señalaron que no se les hizo caso a sus demandas.
“Aquí cada damnificado está siendo atendido por la Comisión de Reconstrucción. En este caso era una atención a una organización de damnificados, pero la atención va a seguir y va a continuar a cada uno de los damnificados”, dijo.
Por su parte el grupo Damnificados Unidos negó haber informado sobre la falta de atención y rechazó que la mandataria intente imponer un castigo por expresar su opinión a los medios de comunicación y no negaron los altos montos que solicitan para las obras.
