Naucalpan, Méx.— El cese de 12 comandantes de Tránsito municipal fue confirmado por autoridades de este ayuntamiento morenista, encabezado por la alcaldesa Patricia Durán Reveles, como parte de la estrategia de reordenamiento dentro de la corporación.
La baja de los mandos policiacos trascendió desde el viernes.
Ayer, EL UNIVERSAL solicitó una versión oficial del hecho, en la que autoridades de este ayuntamiento confirmaron la dimisión de los comandantes, al tiempo que se abstuvieron de confirmar o rechazar si fue por actos de corrupción.
El despido de los 12 mandos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito “obedece a un proceso de reordenamiento que se está realizando en el interior de la institución de Policía y Tránsito de Naucalpan, a fin de brindar mejores resultados a la población”.
En un escueto comunicado, autoridades de este municipio establecieron: “Naucalpan reafirma su compromiso para abatir los índices delictivos y garantizar la seguridad humana de los habitantes.
“Las acciones emprendidas en la Dirección de Seguridad Ciudadana obedecen a este propósito”.
Durante la administración anterior fue reiterada la denuncia de ciudadanos debido a extorsiones cometidas por agentes de Tránsito de Naucalpan, lo que llevó al excomisario Luis Alberto Casarrubias Amaral a ordenar el resguardo de motopatrullas.
Hasta este 20 de enero de 2020, las infracciones de tránsito están suspendidas en el municipio de Naucalpan, como parte de una estrategia con el fin de reducir los actos de corrupción y abusos cometidos en contra de automovilistas.
La alcaldesa Patricia Durán Reveles ha reiterado que sostiene un proceso de depuración de malos elementos dentro de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, de la que —en el primer año de su gestión— fueron depurados 300 policías, principalmente porque no aprobaron los exámenes de control de confianza.
A pesar de la suspensión de las infracciones, todavía prevalecen las quejas ciudadanas por el arrastre de vehículos particulares con grúas privadas, los cuales son trasladados a corralones piratas bajo el argumento de faltas al Bando Municipal, en el que habría oficiales de Tránsito involucrados.
Los arrastres de grúas, con cobros discrecionales, han derivado en que síndicos y regidores hayan solicitado en Cabildo un informe sobre estas conductas.
Otra queja ciudadana común es la extorsión a operadores de camiones y transportes de carga, quienes son amenazados por oficiales municipales con ser llevados ante el oficial calificador en el momento en que realizan labores de carga y descarga de mercancía en empresas y comercios.