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david.fuentes@eluniversal.com.mx
Luego de nueve meses de trabajo, la Comisión Técnica para la Transición de Procuraduría a Fiscalía de Justicia de la CDMX dio a conocer ayer el plan de trabajo de la futura dependencia, el cual se basa en que la víctima sea el centro de la justicia, pues se busca abatir la tasa de impunidad.
El proyecto, advierten, es a largo plazo, pues aunque se espera que en enero de 2020 quede instalada la nueva fiscalía, los resultados estiman que se reflejarán en un mínimo de cuatro años.
Además, la comisión técnica buscará recursos de más de 2 mil millones de pesos para el organismo de procuración de justicia.
Durante la presentación del plan, Ana Laura Magaloni, coordinadora de la comisión, anunció cinco premisas clave para la aplicación del nuevo modelo.
La primera consiste en acabar con la burocracia en los procesos de denuncia, pues 70% del tiempo que conlleva una investigación se va en trámites; la segunda, abatir la lentitud en la investigación de delitos de alto impacto; la tercera es que la víctima evalúe el desempeño de la fiscalía que lleve su denuncia; la cuarta consiste en combatir el abuso policial y la siembra de pruebas, y la última, terminar con el trato VIP, para que la justicia llegue a la víctima sin importar su condición económica o social.
Esta propuesta contiene un plan de segmentación de delitos para enfocarse en la investigación y resolución de delitos de alto impacto y la mediación para otros delitos, como robos, expuso Ana Laura Magaloni, una de las representantes de la Comisión Técnica para la transición a Fiscalía.
“Se acabó con el trato VIP, no importa quién eres, a quién conoces, cuánto dinero tienes, lo que importa es el delito que hayas sufrido”, expuso Magaloni durante la presentación ante diputados, la procuradora Ernestina Godoy y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra.
Detalló que el fiscal decidirá cuando la carpeta esté lista para judicializarse y podrá solicitar a peritos y policías de investigación reforzar aspectos.
La nueva fiscalía contará con una sola unidad de control interno para indagar cualquier acto de abuso de poder o corrupción.
