Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México , propuso sustituir el sistema de defensoría de oficio por un esquema de protección jurídica independiente y autónomo del Poder Judicial, con recursos financieros suficientes para garantizar un sistema de protección legal gratuito para los capitalinos.
La propuesta de Lobo Román, la cual incluye 10 capítulos, 50 artículos y siete transitorios, tiene como objetivo fortalecer el sistema de defensoría legal , para lo cual busca crear el Instituto de la Defensoría Pública , el cual contará con autonomía técnica, financiera y de gestión para garantizar su total independencia, señaló.
Además pretende que el salario del profesional que lleve a cabo la defensa no podrá ser menor al que corresponde a un Ministerio Público, así como que el titular de dicho Instituto será electo cada cuatro años por un Consejo Ciudadano , mediante concurso público.
Con estas acciones, dijo Lobo Román, el Congreso local garantiza las obligaciones constitucionales, las condiciones en las que funcionará el instituto y, lo más importante, coadyuvará a que "se profesionalice" el servicio público de defensa.
De igual forma, dijo, dignificará la labor del defensor público de oficio, dándole el justo peso salarial y coadyuva a establecer un régimen de equidad y justicia al actuar de estos servidores.
Desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, el líder perredista lamentó que en la actualidad sólo quienes cuentan con los recursos económicos pueden contratar un despacho de abogados que los protege, por lo que la mayoría de los ciudadanos prácticamente están en estado de indefensión y, en muchos casos, son encarcelados cuando son inocentes de los cargos que les son imputados.
Recordó que en las prisiones de la Ciudad de México existen más de 70 mil ciudadanos sujetos a proceso, de los que se estima el 30% enfrentan delitos menores debido a que no contaron con asesoría profesional.
Lobo Román sostuvo que el actual sistema penitenciario capitalino representa un gasto superior a los 5 mil millones de pesos, pero estiman que más de 10 mil personas quedan sin posibilidades de obtener su libertad por falta de recursos para defenderse.
“El Estado no ha podido cumplir esa obligación que establece la ley para garantizar a todos los ciudadanos una justicia pronta y expedita y, por el contrario, los enfrenta a un sistema caduco, corrupto y obsoleto, que atrapa a quienes carecen de recursos, pero exonera a quienes cuentan con los medios para pasar por encima de la ley”, denunció.
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