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La creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que se encargará de definir los lineamientos del desarrollo urbano y asentamientos territoriales en la capital del país, es uno los puntos torales establecidos en la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.
Así lo expuso a EL UNIVERSAL el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, Federico Döring Casar, al revelar que el proyecto de dictamen está listo y sólo falta el visto bueno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que confía en que la respuesta la tendrá antes del 7 de noviembre próximo, cuando deban presentar el dictamen ante el pleno del Congreso local.
El también diputado local de Acción Nacional explicó que dicho instituto, junto con la ciudadanía, definirán cómo deben construirse los instrumentos de planeación y quiénes serán los responsables de ejecutarlos, con lo que atarán de manos al cártel inmobiliario.
Mientras que el plan general, también incluido en la propuesta, será el instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos; la organización y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas, “pero su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio, e indicativo para los demás sectores”, comentó el legislador panista.
Además, destacó, definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad de México, pues tendrá como fin la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial, la transformación económica y la gestión integral del riesgo.
Lo interesante de este plan, comento Döring Casar, es que su vigencia será de 20 años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación, como lo establece el artículo 25 del proyecto de dictamen, “lo que puede ser uno de los motivos por el que la jefa de Gobierno se ha tardado en responder”, infirió.
Lo mismo ocurre con los artículos 15 y 16, dijo; el primero, relacionado con que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva garantizará la gestión de la información en materia de planeación, a través de datos abiertos, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública, además de que establecerá canales de participación, colaboración y comunicación.
En tanto que el artículo 16, comentó Döring Casar, dice que el instituto establecerá un mecanismo mediante el cual la ciudadanía podrá presentar quejas por el incumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, “lo que quizá incomoda a la jefa de Gobierno, dado que la participación de la ciudadanía será determinante en cualquier proyecto inmobiliario que se construya”, dijo.
Con ello, destacó el panista, la capital de la República contará con una nueva norma que regule el desarrollo urbano, donde se garantice mejora en movilidad, distribución de agua y usos de suelo adecuados; “es decir, pondremos orden y evitaremos que el cártel inmobiliario siga apoderándose de la Ciudad”.
Aclaró que en el documento también fue incluida la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que se cuente con seguridad jurídica para los ciudadanos y los desarrolladores inmobiliarios.
“Hoy en día la planeación sólo se ve en términos de concreto y ladrillo, por lo que esta ley obliga a que se vea por medio de criterios medioambientales, ya que obligará a planear de manera sustentable”, reiteró el diputado del PAN.
