La gran mayoría de víctimas de las células de colombianos que operan y administran la modalidad de extorsión conocida como gota a gota no presenta denuncias en su contra y sólo lo hacen cuando son objeto de amenazas, lesiones y hasta homicidios, lo que les ha permitido actuar con mayor violencia.

Muestra de esto son las únicas siete carpetas de investigación que desde 2015 ha iniciado la procuraduría local por el delito de extorsión en su modalidad de gota a gota, una cantidad mínima de expedientes frente a las diversas quejas que los comerciantes del primer cuadro de la Ciudad han hecho de manera pública, en las que incluso señalan a los colombianos o integrantes de La Unión Tepito como los responsables.

Además, las autoridades locales ubicaron un nuevo nicho de este grupo delictivo: los estacionamientos privados de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, donde ofertan sus préstamos a través de tarjetas de presentación o visitando los locales. A quienes aceptan y luego se niegan a pagar los intereses los amenazan.

Propietarios de esos establecimientos han reportado que los colombianos —en colaboración con mexicanos— cuando rechazan sus préstamos entran por la noche a robarse varios carros.

La víctima más reciente fue un pequeño empresario, a quien asesinaron el domingo pasado. Les dio más de un millón de pesos por 500 mil pesos que le prestaron. Según la carpeta de investigación FAO/AO-1/UI-1S/ D/01037/03-2019 familiares del ahora occiso de 52 años revelaron que se negó a seguir pagando los intereses que le exigían y en represalia llegaron al establecimiento localizado en Álvaro Obregón para matarlo de un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con los testimonios de algunos trabajadores, el presunto homicida ya se había presentado con anterioridad en el local para cobrar los mencionados intereses que debía pagar por el préstamo.

Según los expedientes abiertos en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad, la modalidad de gota a gota empezó a tomar fuerza desde 2015. Las víctimas siempre fueron comerciantes informales, a decir de los datos recabados por los agentes de investigación los préstamos eran ofrecidos con la ventaja de no requerir fiadores ni garantías, pero a los deudores se les pedía una copia de su credencial de elector.

Una vez consolidada la deuda, los prestadores regresaban a los establecimientos, cobraban altos intereses sobre los pagos programados y ante la imposibilidad de realizarlos los amenazaban y golpeaban; además, les robaban mercancía.

Un agente de la Policía de Investigación (PDI) fue detenido por brindar protección a un grupo de colombianos que operaba en el Centro; así como a La Unión Tepito. A éstos les pedía un porcentaje de lo que recababa por el gota a gota. Está en prisión desde diciembre de 2017.

Se ha detectado la operación de estos grupos en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

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