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La Comisión local de los Derechos Humanos (CDHCM) emitió nueve recomendaciones a distintas instancias gubernamentales por tortura, que se cometieron durante la administración pasada; según el análisis que realizaron, los hechos de tortura no fueron aislados, pues luego de estudiar cada caso se percataron que en su conjunto evidencian una falla estructural del Estado, al actuar motivado por fines ajenos a los constitucionalmente legítimos.

De los casos presentados entre 1995 y 2018, 80% de los hechos que motivaron las quejas sucedieron entre 2012 y 2018. Por esta situación, la CDHCM expuso que el Estado debe asumir con carácter urgente que la tortura en el contexto de la prevención, procuración de justicia, contacto con el sistema penitenciario y ejecución de una pena, constituye un problema estructural.

Las nueve recomendaciones que se presentaron ayer, a decir del organismo derechohumanista, ejemplifican el amplio espectro que abarca la tortura, no sólo en términos de los métodos con los que se ejerce, sino la finalidad a la que atiende, y las características o perfil de las víctimas que fueron identificadas con un mismo perfil: adolescentes, jóvenes o personas con discapacidad, entre otras, quienes incluso no tuvieron acceso a una verdadera justicia.

La CDHCM detalló que las cuatro primeras (10, 11, 12 y 13/2019) están dirigidas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; la recomendación 14/2019 señala también a esa y a la Secretaría de Salud como responsables; mientras que las otras cuatro (15, 16, 17 y 18/2019) se emiten tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridades responsables.

La CDHCM conminó en ocho puntos a las autoridades involucradas a mejorar de manera inmediata y de manera estructural los errores cometidos en administraciones pasadas.

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