El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, a cargo de Geraldina González de la Vega Hernández, el año pasado recibió 51 denuncias de mujeres por hostigamiento sexual en el ámbito laboral e instituciones educativas.
Lo anterior, luego del movimiento #MeToo, que surgió en marzo del año pasado, que hizo a las autoridades ver y comprender la existencia de una diversidad de violencias sexuales, que son parte de un problema público en espacios educativos y laborales.
Según datos dados a EL UNIVERSAL, del total de denuncias, tres se pudieron conciliar, en una se emitió una opinión jurídica, 22 están en trámite, una concluyó por falta de elementos y otra, porque no hubo interés de la víctima.
Asimismo, de las 51 denuncias, 27 derivaron en quejas y dos en reclamaciones, 14 fueron orientaciones; cuatro, gestiones, y tres, canalizaciones a otras instancias.
En 43 casos el lugar de los hechos fue en el ámbito laboral; en tres, en el educativo; uno, en el transporte público; uno, en el familiar; otro no especificó, y dos ocurrieron en el servicio de una autoridad.
De los casos expuestos, se resalta la emisión de la Opinión Jurídica OP/03/2019, derivada del expediente Q-077-2018, en el que se concluye que una institución académica no tomó las medidas pertinentes respecto al acoso sexual del que fue víctima una alumna.
“Resulta indispensable definir de manera clara cómo se atenderán los actos de violencias sexuales que denuncian las mujeres, pues si bien se tratan de una forma de discriminación, pueden ser abordadas a través de las distintas instancias e instituciones de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias”, dijo en entrevista con este diario Geraldina González.
El 6 de marzo del año pasado, el Copred se pronunció a favor de prevenir y eliminar todas aquellas prácticas de violencia que impiden el goce de derechos y libertades de las mujeres en la capital del país.
González indicó que el hostigamiento sexual en el espacio laboral y educativo constituye una conducta discriminatoria, que puede atenderse también desde ámbitos no jurisdiccionales, porque plantea una estrategia que permita su denuncia con los mecanismos establecidos por este organismo para atenderse como discriminación.
EL UNIVERSAL publicó que el Copred tienen registro de que 70% de las quejas de 2019 fueron por despido por embarazo, por género, preferencia sexual y salud.