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Abogados defensores de los 169 detenidos durante la rodada de motociclista llamada “Tirando Terror en CDMX”, para ir a un concierto en Tepito el pasado 5 de marzo, y quienes permanecen en diferentes penales de la capital, buscarán la suspensión condicional del proceso, y en algunos casos, la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para que puedan obtener su libertad, explicó el litigante de dos mujeres imputadas, Paulo Rosales.
A su vez, comerciantes establecidos del perímetro B de la alcaldía Cuauhtémoc refirieron que en las rodadas de motociclistas se involucran sujetos que tienen actividades delictivas en dicha zona, que golpean sus comercios.
Al ser consultados —luego de la protesta de un grupo de familiares, quienes piden la liberación de los detenidos— aseguraron que muchos jóvenes de ese grupo se dedican a la extorsión, cobro de derecho de piso, y siempre están armados. Incluso, comentaron que muchos de los comerciantes ubican a quienes participan en dichas rodadas, mismos que se involucran, incluso, en agresiones contra ese sector.
En tanto, en entrevista con EL UNIVERSAL, Paulo Rosales dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió cinco carpetas de investigación radicadas en Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por los delitos de ataques a la vía pública y resistencia de particulares con el agravante en su modalidad en pandilla, esto para que los imputados se quedaran en prisión.
Señaló que las medidas serán revisadas por los juzgadores para determinar si les otorga la libertad, en los casos en donde las personas no portaban armas de fuego.
“Hubo anomalías desde la fiscalía y desde el Tribunal [Superior de Justicia], hubo línea política para este caso”, aseguró Paulo Rosales, quien representa a dos mujeres de 55 que están en prisión.
Comentó que el consejero jurídico, Néstor Vargas, confirmó que en audiencias por separado, los abogados solicitarán a los juzgadores la suspensión condicional del proceso, la cual se podrá conceder siempre y cuando los imputados no tengan antecedentes penales y no se les haya detenido con armas de fuego.
A través de audios que fueron proporcionados a esta casa editorial, se escucha al consejero jurídico explicar a los familiares que en la carpeta judicial 355, la cual contiene 62 imputados, se solicitará la suspensión condicional del proceso para que los detenidos que no cuenten con antecedentes penales.
