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david.fuentes@eluniversal.com.mx
A casi un año que tomara protesta para estar al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), el magistrado presidente Álvaro Augusto Pérez Juárez es tajante; “sin el presupuesto que ocupa el Tribunal no puede haber una justicia de calidad, como la que merecen los ciudadanos; a pesar de todo y gracias al esfuerzo de jueces, magistrados y personal que labora en el organismo, se ha mantenido la paz social en la ciudad”.
Son los argumentos de Pérez Juárez en un intento más para tratar de concientizar a la Federación, a los encargados del Gobierno capitalino así como a los integrantes de la Asamblea Legislativa a obtener el presupuesto necesario para operar y administrar justicia, que desde hace tres años arrastra un déficit de casi 7 mil millones de pesos, lo que se refleja en una sobrecarga de trabajo para jueces, magistrados y personal administrativo.
Álvaro Augusto detalló que por ejemplo, para este año que está por concluir, se solicitaron 12 mil 166 millones de pesos, de los cuales la Asamblea Legislativa apenas aprobó 5 mil millones, por lo que el 2017 arrastró un déficit de casi 7 mil millones de pesos, cantidad que se viene acumulando desde los últimos tres años y aunque el presidente magistrado está seguro que el tribunal no está por “reventar”, sí deja en claro que de esta manera, no se pude ofrecer justicia de calidad, “hace falta voluntad política y menos demagogia”, dice el presidente.
¿Cuál es la importancia del presupuesto y cómo afecta el déficit?
—Antes que nada, hay que destacar que el servicio público de administración de justicia se ve reflejado diariamente, siempre lo he expuesto. La percepción como es cotidiana en muchas ocasiones no se alcanza a visualizar. La buena impartición de justicia se refleja en la paz y tranquilidad social en mayor o menor medida.
Con esto no quiero decir que no haya problemas, claro que los hay y están perfectamente identificados, pero bien que mal existe paz social y esto permite que no se haga uso de la violencia ni se tome justicia por propia mano.
Ahora, el servicio público, como todo, requiere de recursos y un servicio público de calidad tiene que contar con los recursos. Efectivamente las instalaciones del tribunal son importantes, al igual que la tecnología, hacer cercana y accesible la justicia es fundamental, pero lo más importante del servicio público y la administración de justicia son los operadores del sistema jurídico. Me refiero a jueces, magistrados, actuarios, pasantes, mecanógrafos, me refiero a todos ellos, este es el verdadero capital de la justicia y éste requiere estar remunerado y necesita estar en constante preparación para ir a afrontando los modelos de justicia que se van modificando.
¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta actualmente el Tribunal Superior de Justicia?
—Al Poder Judicial de manera histórica no se le ha dotado del presupuesto necesario, siempre se pide una cantidad y ni siquiera se le otorga 50% de lo que se solicita; si a esto le agregamos que las diferentes modificaciones a las leyes, incluso a la Constitución, los tribunales van imponiendo mayores cargas de trabajo y mayores obligaciones, pero resulta claro que los recursos también tienen que ser mayores.
Por ejemplo, en 2017 se solicitaron 12 mil 166 millones, solamente se nos autorizaron 5 mil 250 millones, es lo que comentaba, no es ni siquiera 50% de lo que se ocupa, con esto visualizamos terminar con unos 6 mil 700 millones pesos en números redondos, lo que implica un déficit pero es un adeudo histórico porque siempre hemos venido arrastrando ésta situación, nos dan menos [presupuesto] del que necesitamos.
Para 2018 necesitamos un aproximado de 15 mil 257 millones de pesos, esto es por todos los incrementos en las implicaciones que se les han dado al Tribunal.
Por ejemplo, la justicia oral en materia civil, mercantil y familiar. Todo esto por fuerza implica [que se requiera] mayor presupuesto porque para esto, desde un principio, no se han dado los recursos.
¿Sí ya está la infraestructura y el sistema en teoría funciona, para qué se necesita más dinero?
—Para todo se necesitan recursos, estoy hablando que se requiere para el capital humano, se necesita para la formación, para la instalación, para el equipamiento, para las adecuaciones correspondientes, para todo esto se necesita. Es una cantidad evidentemente considerable y así lo vemos, pero deben entender que la justicia debe de avanzar al ritmo de lo que se viene dando.
Algo que es muy importante destacar para que los números no impresionen, es que todas las reformas por mínimas o de mayor calado que sean, requieren de recursos pocos o muchos, pero se necesitan.
Cuando una reforma se implementa y ésta no va acompañada de la visualización del impacto presupuestal, pero no solamente eso, cuando la reforma no cuenta con los recursos que se necesitan para implementarla, va a quedar, en el mejor de los casos, en buenas intenciones.
Hay que decirlo con todas sus letras; cuando se hace la reforma y no se dotan de los recursos a sabiendas que se necesitan, entonces que sucede que estamos cayendo en demagogia y lo tenemos que decir así con todas sus letras.
¿La falta de recursos afecta a la implementación de la oralidad?
—Afectan principalmente en una prestación de servicio público y administración de justicia de calidad. A lo que me refiero con esto, es que los tiempos se alargan de más cuando no debe ser así. Por ejemplo; en el sistema tradicional en materia civil por citar un caso, en promedio tarda un año y seis meses para resolverse, en cambio en el juicio oral tarda 100 días a partir del emplazamiento, imagínate 14 meses contra 100 días.
Por lo cual no podemos migrar y no podemos avanzar porque no tenemos los recursos, ahí estamos viendo que el servicio puede darse de mejor manera, pero no es así y no es lo que se merece el ciudadano.
Por ejemplo, de nada sirve que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, un juicio mercantil se pueda resolver en 100 días con los esfuerzos de todos los trabajadores que esto implica, y que en realidad no puedan llevarse a cabo por la falta de recursos, esto es porque cada día llegan más asuntos y se satura el sistema. Por ello, en lugar de fijar una audiencia para resolver un suceso en 100 días se haga entre seis y ocho meses.
Lo anterior significa un retroceso impresionante, y es sólo en una materia, ahora imagínate lo que pasa en los asuntos penales o familiares donde lo que está en juego es el tiempo de los hijos en custodia.
¿A quien le corresponde autorizar el presupuesto?
—De acuerdo a lo que establece la ley el presupuesto lo manda el Ejecutivo, pero a quien le toca la gran responsabilidad de aprobar los recursos adecuados es a la Asamblea Legislativa.
Hemos platicado y hemos expuesto nuestras inquietudes al respecto con [los legisladores locales], nos damos cuenta que son conocedores de la problemática y se han mostrado sensibles, ahora lo que espero es que ésta sensibilidad se traduzca en otorgar los recursos porque de nada sirve que se muestren sensibles si a la hora de otorgar el dinero que se requiere y no se da nada, eso es demagogia.
¿La Ciudad de México tiene la capacidad para otorgar los 15 mil millones de pesos?
—Claro que tiene los recursos porque gran parte los otorga la Federación. Esto es una responsabilidad compartida, es responsabilidad sí de la Ciudad de México, pero también le corresponde a la Federación.
Hay que recordar, por ejemplo, que la materia mercantil es una materia de competencia concurrente que originalmente le corresponde al Poder Judicial de la Federación ese tipo de asuntos, pero que los particulares pueden acudir a su elección al poder local y en un altísimo porcentaje se queda con lo local, para que esto funcione, cada uno debe atender su responsabilidad.
Entiendo que para que el recurso se otorgue se requiere de una mezcla de varios factores, en primer lugar el conocimiento, creo que sí lo tienen.
Sin embargo, la trascendencia del servicio público, como es algo tan cotidiano e intangible no se dan cuenta si falta o no, porque el trabajo a final de cuentas se hace.
Lo que considero que hace falta de verdad es voluntad política, finalmente esto es lo que va a determinar la asignación de recursos para un compromiso serio de democratizar la justicia, es una responsabilidad seria de todos, de quien la propone, de quien la aprueba y de quien ejerce los recursos.
Les he dicho que no tengo la necesidad de pedir dinero de más, lo único que necesito es no pedir un centavo de más, pero no puedo admitir un peso de menos. Es simplemente eso.
A pesar de los cuestionamientos que han realizado varios actores sobre la implementación del nuevo modelo de justicia, incluido el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien adjudica el incremento en la incidencia delictiva a los convictos reincidentes que quedan en libertad casi de manera inmediata debido a los beneficios de la Reforma Penal; Álvaro Augusto Pérez Juárez asegura que el nuevo sistema bien aplicado sí funciona; sin embargo, deja en claro que para esto se requiere capacitar a todas las partes que lo conforman.
Y sobre todo dice; “los recursos necesarios, modificar algunas leyes y sobre todo, voluntad política”.
