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La sentencia emitida por el Tribunal Electora de la Ciudad de México (TECM) constituye un retroceso a los derechos políticos-electorales de las mujeres, además de que sienta un mal precedente que podría ser replicado en al resto de los estados, advirtió la politóloga y activista Rosario Guerra Díaz.
El juicio de impugnación TECDMX-JEL-204/2021, al que se refirió la ex priista, es por la demanda que presentó el panista Rodrigo Miranda Berumen contra Frida Jimena Guillén Ortiz, quien habida obtenido su registro como diputada plurinominal del PAN.
Sin embargo, en la sentencia, los magistrados decidieron invalidar el nombramiento de Guillén Ortiz, para nombrar en su lugar a Guillén Ortiz, cercado colaborado de Jorge Romero Herrera, líder de los panistas capitalinos y actual coordinador de los diputados federales en San Lázaro.
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Por ello, Guillén Ortiz se inconformó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde espera reconsideren la opinión de los magistrados del TECM, “a quienes no los importa al tema de la equidad de género”, alegó en su denuncia la joven panista.
Al participar en el encuentro “Por los derechos electorales de las mujeres”, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la asociación “Mujeres en Plural”, Guerra Díaz lamentó que los magistrados se hayan negado a recibirlas para discutir dicha resolución, cuando en esta ONG hay ex magistradas, ex gobernadoras, periodistas y especialistas en el tema.
La también ex legisladora del PRI dijo que la resolución TECDMX-JEL-204/2021, “plantea una salida mañosa, para evitar la paridad y la igualdad sustantiva”, al modificar las listas y colocar a hombres en la listas de representacción proporcional para la conformación del Congreso local, en perjuicio de las mujeres.
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Por ello, insistió que este tipo de sentencias, forman parte de una serie de actos altamente violatorios a los derechos de las mujeres.
Refirió que dicha sentencia, da pie a una nueva interpretación al principio de la paridad de género, al limitar su acceso a los cargos públicos y, particularmente, a la integración de los congresos, “situación que ya estamos viendo en los poderes legislativos de los estados de Guerrero y Estado de México, entre otros”, denunció.
Recodó la ardua lucha de las mujeres, para lograr la paridad en los tres Poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno y en los órganos autónomos, con la promulgación de la paridad a nivel constitucional y en la modificación de las leyes electorales para definir el delito de violencia de género.
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“Este esfuerzo ha buscado cerrar la brecha histórica en materia de discriminación y desigualdad por parte de las mujeres en el ámbito de las decisiones, ya que, desafortunadamente, no todas las mujeres que llegaron o tienen conciencia de género y de la lucha feminista”, enfatizó.
Y destacó: “La paridad no es un techo, sino un piso, ya que en la Constitución no advierte ni señala que la presencia de la mujer en los órganos públicos no debe superar la mitad en su conformación, ya que imponer este ‘techo’ es una distorsión que trata de evitar la paridad, un principio constitucional que garantiza la no discriminación de las mujeres y la igualdad”.
Los magistrados, reiteró, se inventaron un término que no existe a nivel legal, para decir que las mujeres no tienen más que solo el 50% de los espacios de representación popular, premisa absolutamente falsa, ya que la paridad se hace precisamente para cerrar la brecha entre los géneros.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades electorales de la capital del país para revisar dicha sentencia, pues de continuar con su postura, se atenta contra los derechos político-electorales de las mujeres, negándoles su participación en la vida pública, ejerciendo violencia política, y pasándose por el arco del triunfo las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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