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La Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) de la Ciudad de México será la que lleve a cabo una encuesta periódica de satisfacción sobre el programa de fotomultas y los resultados podrían estar en un mes, adelantó su titular Hiram Almeida.

Durante un encuentro con diputados de la Comisión de Gobierno y de Movilidad en la Asamblea Legislativa, se acordó llevar a cabo esta encuesta entre peatones y automovilistas para evaluar el programa de manera semestral y anual, y ajustar lo que sea necesario.

“Nosotros haríamos la encuesta para no erogar, haríamos un tema de captación de todos aquellos que quizá pudieran ser víctimas de un evento”, explicó el secretario.

Minutos antes, diputados de Morena y PRI que integran la Diputación Permanente, acordaron solicitar en lo inmediato al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, la cancelación del contrato de fotomultas.

Los legisladores argumentaron que el Gobierno capitalino concretó al menos cinco contratos de los cuales varios de ellos fueron adjudicados a la empresa Inteltraffic, S.A. de C.V.

“En todos los contratos, la SSP se comprometió a otorgar el excesivo pago de un porcentaje fijo de cada multa cobrada. Los montos de los porcentajes fijos fueron de 46% en tres de los contratos y de 44.8% en uno de los casos”, señaló el líder de la bancada de Morena, César Cravioto.

Aseguró que las empresas privadas se quedan con más de mil 500 millones de pesos en lugar de que ese dinero se destine a infraestructura, programas sociales u obra pública en beneficio de los capitalinos.

Sectores a favor. El titular de la SSP defendió el programa y afirmó que algunos sectores restauranteros han dicho que ha dado buenos resultados y que sería benéfico generar más equipos que llamaran al orden.

Almeida Estrada refirió que los sitios donde operan los equipos de fotomultas se tiene una disminución de 178 accidentes menos, lo que representa una baja de 31.67%.

El secretario de Seguridad capitalino aclaró que para la puesta en marcha del programa de ninguna manera se afectó el presupuesto de la Ciudad, pues al término del contrato los bienes, en su momento subrogados, pasaron al dominio de propiedad del Gobierno de la capital del país.

Son 58 equipos de fotomulta instalados en 40 intersecciones, precisó, que tienen un costo unitario promedio de un millón 282 mil 758 pesos.

“Originalmente el contratar estos equipos hubiera costado al Gobierno capitalino cerca de 330 millones de pesos, pero se hizo un contrato financieramente viable donde no se pagó un solo peso y se hizo un contrato de dos años, en donde una parte proporcional de las multas pagadas iba a pagar los equipos”, detalló Almeida.

Sugirió que hasta se podrían ampliar 31 puntos con más aparatos.

Piden a candidatos no politizar tema. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legis-
lativa, Leonel Luna Estrada, pidió a los candidatos no politizar sobre las fotomultas. “No consideramos que sea un programa con un objetivo recaudatorio, como lo han dicho mucho; se trata de un asunto delicado, de un programa cuyo objetivo es evitar accidentes”.

Luego de que Mikel Arriola, abanderado del PRI, y Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, garantizaron que de llegar a ser jefes de Gobierno desaparecerían estas penalizaciones, Luna les recordó que antes no se respetaban los límites de velocidad, los pasos peatonales y ni siquiera a los ciclistas.

“Nos apena que haya grupos parlamentarios que, sin conocer los resultados o la opinión de la ciudadanía, lo cuestionen”, recalcó Luna.

Consideró imprescindible no sentenciar un programa sin antes medir lo bueno y lo malo del mismo.

El legislador local pidió al funcionario público emprender juntos una campaña para que los habitantes de la Ciudad conozcan mejor las bondades del programa, así como el Reglamento de Tránsito.

“Podemos tener un discurso muy generalizado, pero es importante saber qué dice la población. Nosotros hemos tenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil y ellos están de acuerdo con que permanezca este programa.

“Sin embargo, vamos a hacer mesas de trabajo con ciudadanos y con especialistas para alimentar las futuras modificaciones al programa o al reglamento”, externó.

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