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Édgar Romero y su esposa Ana Lilia Gutiérrez hicieron guardia afuera del Colegio Rébsamen, en la colonia Nueva Oriental Coapa, para evitar que lo demolieran y con ello perder pruebas del caso para dar con los responsables de la muerte de su hija de siete años tras el 19-S.
El jueves por la tarde el matrimonio y otras familias de menores fallecidos se enteraron del derrumbe del edificio, orden de la procuraduría local, contra la que expresaron su rechazo, pues “no podemos permitir que esto suceda porque todavía hay cosas que resolver, podría haber pruebas o elementos jurídicos para la investigación”, dijo Édgar.
El 19 de septiembre de 2017 un temblor de magnitud 7.1 provocó un derrumbe en el colegio donde estudiaba su hija, quien cumpliría ocho años hace cuatro meses. Ella, fue una de las 26 víctimas mortales del temblor, 19 de ellas menores y siete adultos que laboraban en la institución.
Fue hasta esta tragedia que los padres supieron que el seguro que pagaron cuando inscribieron a su hija no cubría a los menores de 12 años y sólo estaba contemplado para lesiones leves. Los gastos funerarios de su hija fueron complicados de cubrir, a pesar de que la aseguradora les entregó una indemnización.
Luego de los fallecimientos de las 26 personas, una serie de irregularidades se destaparon en torno a la construcción del lugar, pues se hizo público que la directora y dueña de la escuela, Mónica García Villegas, construyó su departamento con jacuzzi en el tercer piso.
Incluso se divulgó que en varias ocasiones previas a la operación del colegio personal de Protección Civil y otras dependencias a cargo clausuraron las obras por la falta de documentos que demostraran el cumplimento de protocolos.
La procuraduría giró ordenes de aprehensión en contra de García Villegas, pero a 10 meses y aún con una ficha de Interpol para buscar en 190 países alrededor del mundo, la mujer no ha sido localizada.
El padre de la menor de siete años aseguró que esto sólo ha demostrado falta de seguimiento por parte de las autoridades en el caso y que con la demolición parcial del colegio se podrían perder pruebas para esclarecer cuáles fueron las fallas.
Édgar y su esposa externaron a la procuraduría su dolor por la pérdida de sus hijos, cuya ausencia no es entendida, incluso por los funcionarios que mantienen en confidencialidad los detalles sobre la investigación.
