metropoli@eluniversal.com.mx
Las empresas de renta de bicicletas sin anclaje y scooters pagarán al Gobierno local 46 millones 710 mil pesos como prestación para operar durante un año en calles de la Ciudad de México.
Ayer la Secretaría de Movilidad (Semovi) definió que las únicas empresas que recibieron el permiso fueron Grin y Lime, en el caso de scooters, y en el caso de renta de bicicletas sin anclaje, las que participarán son Jump, Dezba y Mobike.
Tras analizar la contraprestación por medio de un sistema desarrollado por la Semovi y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se determinó que, en el caso de bicicletas sin anclaje, la empresa Mobike contará con el permiso para 2 mil 400 unidades y un pago de 2 mil 600 pesos anuales por unidad. La empresa Jump contará con mil 900 unidades y una prestación anual por unidad de mil 300 pesos; mientras que Dezba tiene un permiso de 500 unidades con una contraprestación de mil 800 pesos por bicicleta al año.
En el caso de monopatines eléctricos, Lime operará mil 750 unidades con una contraprestación de 7 mil 200 pesos al año por equipo y Grin contará con el mismo número de unidades, pero con una contraprestación de 14 mil pesos anuales por unidad.
En total, las cinco empresas deberán pagar por operar en la Ciudad de México —por un año— 46 millones 710 mil pesos y tendrán que cubrir este monto antes del 26 de junio a las 15:00 horas en la Secretaría de Administración y Finanzas. El incumplimiento del requisito será un impedimento para recibir el permiso anual y participar en próximos procesos.
La Semovi informó que las empresas cuyas propuestas no fueron elegidas como Movo, Brid y Motum, por procedimiento o derivado de las ofertas que presentaron, no podrán dar servicio en la Ciudad de México a partir de este 28 de junio.
Hace unos días algunas empresas se pronunciaron en contra de la propuesta de las autoridades para regular el servicio, por lo que iniciaron una campaña en la plataforma Change.org para solicitar al gobierno local la modificación de la propuesta, pues aseguraban que desincentiva la operación de estos medios de transporte que benefician el medio ambiente.