El todavía director general del canal de televisión del Congreso local, Ricardo Rocha Reynaga , acusó que ese órgano legislativo falsificó su firma , por lo cual anunció que en las próximas horas presentará denuncia penal por ese delito y otros que resulten, como asociación delictuosa.
En una carta que hizo circular en las redes sociales, el periodista denunció que por órdenes de la diputada local de Morena, Valentina Batres , “se desvió un millón de pesos de recursos del Canal del Congreso, para entregarlos de manera extraña a Radio Educación, en una operación que podría equipararse a un peculado”, aseguró.
La denuncia pública del periodista, de igual forma, fue grabada en las instalaciones del propio Canal del Congreso de la Ciudad de México, aunque no se emitió por la señal oficial.
Durante el mensaje, Rocha Reynaga estuvo acompañado por todo el equipo de colaboradores, que hacen posible la emisión de 24 horas de programación en la frecuencia del 21.2 de televisión abierta.
Explicó el periodista que su firma fue falsificada en un contrato que firmó el Congreso local con su arrendador de la oficina del Canal del Congreso, con fecha 8 de agosto de 2019, y en el cual existen seis firmas de funcionarios del órgano legislativo, y la que supuestamente es del periodista.
Por ello, el todavía funcionario del Congreso de la CDMX negó que esa sea su firma, “y fue totalmente falsificada”, afirmó.
Añadió que no sólo está su dicho, sino que sustentó su acusación con el dictamen de tres peritos expertos en grafología , “y los tres coincidieron en su firma al calce del mencionado contrato, así como al final de éste, no corresponde a mi firma”, enfatizó.
Sin embargo, sostuvo que “como se requería mi firma, y a sabiendas de que me opondría, decidieron simple y llanamente falsificarla. ¡Así con todas sus letras! ¡Falsificarla! Por ello, encargué no uno, ni dos, sino tres estudios grafoscópicos, para tener plena certeza de los resultados”, acusó el todavía director general del Canal de Televisión del Congreso.
Detalló que el primer dictamen lo realizó Maricarmen Muñoz, fundadora del Colegio Mexicano de Grafoscopía, y dos más con las peritas acreditadas: Susana Fernández Lara y Rosa Mary Morales Rodríguez.
“Los tres dictámenes difieren un poco en sus métodos, pero establecen contundentemente que ni las antefirmas y menos aún mi firma acreditada en mi credencial del INE, y en mi contrato en mi columna en EL UNIVERSAL , nada tienen que ver con las burdamente falsificadas, que aparecen en el contrato al vapor que hicieron para mandarnos a la calle, a mí, y a mis colaboradores”, señaló.
Tal proceder, dijo el periodista, “desquicia gravemente la acción e involucra varios delitos constitucionales, administrativos y, por supuesto, penales, que estaremos denunciando ante los tribunales correspondientes”, reiteró.