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Con un cúmulo de pendientes que incluye más de 160 nombramientos del Sistema Local Anticorrupción, la designación de por lo menos siete jefes delegacionales sustitutos y un sinnúmero de iniciativas de ley, arrancará mañana el último periodo ordinario de sesiones de lo que será la última Legislatura de la Ciudad.
El problema es que este periodo que inicia el 15 de marzo y concluye el 30 de abril sólo contempla 12 días de desahogo en el pleno —martes y jueves— y coincide con el comienzo de las campañas electorales, donde 37 de los 66 legisladores locales están listos para pelear por otro cargo de elección popular.
Por lo menos en lo que compete al PRD, PAN y PRI, casi todos los asambleístas aspiran a un escaño en el Senado, una curul en San Lázaro y hasta una alcaldía.
Aunque no están obligados a separarse del cargo para hacer proselitismo, es probable que no acudan a las sesiones por ganar territorio.
Hasta hoy, el grupo parlamentario del PRD y del PAN en la Asamblea Legislativa ni siquiera tienen definida la fecha de lo que será su última reunión plenaria; el PRI y Morena ya tuvieron su encuentro, justo uno y tres días antes de que inicie el periodo de sesiones.
Desde el año pasado, todo avanza lento en el recinto de Donceles y Allende, aunque los diputados locales atribuyen el atraso de aprobación de leyes, del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) y todo lo que envuelve al Sistema Local Anticorrupción a la contingencia provocada por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
A la fecha han transcurrido siete meses desde la aprobación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y el paquete de leyes que lo conforman está en el limbo.
La Asamblea no cuenta con los dictámenes para nombrar, por ejemplo, a los siete comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México, cuya responsabilidad es del panista Ernesto Sánchez.
Lo único claro son las ternas remitidas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los delegados sustitutos en Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa; la de Iztacalco aún no se ha enviado al legislativo.
Los asambleístas tendrán sólo mes y medio para desahogar, primero en comisiones y luego en el pleno, una serie de observaciones a las leyes de Alcaldías y a la Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, pues el Gobierno capitalino detectó disposiciones violatorias a la Constitución local, así como imprecisiones en la redacción e incluso contradicciones al crear secretarías sin sustento.
También habrá de sacar adelante más de 100 observaciones al Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (PGDU).
El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, confirmó que a la par de estos temas se prevé la presentación y discusión de una iniciativa sobre residuos sólidos, modificaciones al Código Penal local e iniciativas de ley de orden social.
En lo que respecta a la bancada del PRI, desde noviembre del año pasado el coordinador parlamentario, Israel Betanzos, pidió desatorar la iniciativa de ley para ordenar el comercio popular en la vía pública.
El Verde Ecologista mantiene en proyecto de dictamen reformas a la Ley de Movilidad y a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en materia de emisión de placas verdes, así como reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, en materia de incentivar espectáculos sin elementos de tortura.
De cara a todo este trabajo, Luna dijo que en este último periodo se privilegiará el diálogo, “pues el compromiso de la Séptima Legislatura es y será el de continuar con la aprobación de instrumentos jurídicos de avanzada que inserten a la capital del país como referente para los estados de la República”.
En el tramo final de la Legislatura se dieron diversas bajas en dos bancadas, la del PRD y del PES, incluso este último desapareció, justo después de que el precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocara a la firma de un Acuerdo de Unidad Nacional.