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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad en el Congreso investigará si se cometieron irregularidades durante el proceso de contratación de la Planta de Termovalorización.
Así lo acordó el pleno del Congreso de la Ciudad, además de solicitar a la administración de José Ramón Amieva un informe detallado sobre las posibles responsabilidades administrativas, fiscales y penales que podría arrojar la cancelación del contrato con la empresa Veolia, encargada de la construcción de la planta.
Desde mayo pasado, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dejó claro que la planta se echaría abajo y que se emprendería una estrategia jurídica para revertir el proyecto.
Argumentó que la firma de este contrato es onerosa y endeudaría a la Ciudad por 30 años.
Para la operación y construcción de la planta, el Gobierno capitalino firmó un contrato con Proactiva Medio Ambiente y Veolia, por aproximadamente 13 mil millones de pesos.
El tema generó debate en Donceles y Allende entre diputados de Morena, PRD y Encuentro Social, en si debe o no tenerse en la capital de país una planta de esta magnitud.
Por un lado, el morenista Ricardo Ruiz argumentó sobre la necesidad de que se mantenga esta suspensión dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y sea el próximo gobierno el que resuelva en definitiva sobre el tema.
“O será que hay, como habíamos dicho, conflicto de intereses y quienes están con estos intereses dentro de esta administración no se resignan a la suspensión”, señaló Ruiz.
El líder de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, recordó a los morenistas que cuando Sheinbaum era secretaria de Medio Ambiente hablaba de la necesidad de tener una planta.
“Ella tiene dentro de su programa de trabajo, que está a disposición de ustedes, tengo una copia, donde ofrece una planta termovalorizadora para la Ciudad desde ese entonces”, dijo.
No obstante, Gaviño consideró que se debe revisar el contrato: “Si hay alguna cosa irregular, que se sancione al servidor público y si esta empresa que fue contratada no debe de hacer la planta, está bien, que se contrate a CFE o a quien sea, pero debemos tener una planta termovalorizadora. Seríamos el primer país de América Latina, hay cerca de 20 en Estados Unidos, 500 en Europa, son plantas de última generación”.
Fernando Aboitz, del Partido Encuentro Social (PES), pidió que la Agencia de Gestión Urbana no siga litigando sobre este tema.