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La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Consejur) invertirá 100 millones de pesos en la modernización y mantenimiento de los 70 Juzgados Cívicos de la capital.
El plan anual contempla dos objetivos principales: la implementación de un sistema de información para el seguimiento de los casos y la contratación de jueces cívicos y secretarios de juzgado.
En el primer rubro, se creará un software que concentrará una base de datos con fotografías y huellas digitales, que estará interconectado con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
“Hoy no se concentran los juzgados cívicos, ni sabemos la gente que llega ahí, si hay un antecedente penal, hay algo por el que lo estén buscando y simplemente el juez lo arresta y lo multa y no sabemos nada de ellos. Por eso es necesaria una base de datos confiable y precisa”, afirmó el titular de la Consejur, Héctor Villegas Sandoval.
Además, cada juzgado cívico contará con un sistema de video vigilancia que enviará las imágenes a la Dirección Ejecutiva para dar certeza, transparencia e inhibir actos de corrupción en los recintos.
También se busca la instalación de cajeros automáticos o kioscos para expedir documentos como actas de nacimiento.
Más jueces. El martes se emitirá una convocatoria pública para reclutar 50 jueces cívicos debido a la falta de funcionarios en los recintos.
En conferencia de prensa, el consejero Jurídico aseguró que con ello se garantizará que los 70 juzgados cívicos locales brinden la atención las 24 horas los 365 días del año.
“Se hizo una revisión de la situación de los juzgados cívicos y se encontró una falta de atención, descuido a las instalaciones, carencia de jueces, no hay cobertura total.
“Tenemos 70% de juzgados cubiertos, vamos a hacer el cambio para cubrir 100%”, dijo.
Las personas que obtengan las mejores calificaciones en la selección serán propuestas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ser designados jueces cívicos o secretarios de juzgado en la capital a partir del 1 de marzo de este año.
Homologarán sanciones. Como parte del plan Nueva Justicia Cívica en la CDMX, se pretende la universalidad en sanciones por faltas cívicas, es decir, castigos económicos, horas de arresto o trabajo comunitario.
Esto es que el infractor realice trabajos de limpieza, pintura, balizamiento, reforestación o acudir a pláticas como parte de las sanciones por cometer infracciones más comunes, como desperdiciar agua, tirar basura, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, apartar lugares en la calle, entre otras.