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Toluca, Méx.— Tras 26 años, los exgobernadores del Estado de México dejarán de tener chofer, seguridad personal y empleados administrativos pagados con el erario público; todos los grupos parlamentarios de la Legislatura estatal aprobaron retirarles lo que llaman beneficios.
La diputada promovente de la iniciativa fue la morenista Azucena Cisneros Coss, quien desde diciembre planteó que todos los exfuncionarios públicos estatales fueran tratados como ciudadanos, y sin que los trabajadores a su cargo los pague el gobierno estatal.
El martes, los diputados votaron por unanimidad eliminar los decretos 85, publicado en 1945, y 87, uno más en mayo de 1993, donde refiere en el artículo Primero que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador mexiquense, al concluir su gestión, tendrán derecho a: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario General de Gobierno; un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario General de Gobierno, tres ayudantes con categoría de oficial de Seguridad Pública, nivel 14, rango cuatro, y una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango nueve del Gobierno del Estado.
Aunque no hay certeza sobre los recursos que destinó al año el gobierno estatal para la nómina del personal, porque no lo tienen las secretarías General de Gobierno y de Finanzas, Cisneros Coss presentó una cifra aproximada del gasto que significó la nómina de los aproximadamente 32 empleados.
Según la diputada de Morena, los salarios oscilaban entre los 30 y los 40 mil pesos mensuales por cada trabajador, mientras que el de los guardias de seguridad era de 15 a 20 mil pesos cada uno, sin contar prerrogativas, como y bonos aguinaldo, entre otros.
Miguel Sámano Peralta, coordinador del PRI, afirmó que su bancada votó a favor, pues están conscientes de la etapa compleja por la que atraviesa el país en materia económica, aunque no dejan de reconocer las aportaciones de quienes condujeron los destinos de la entidad y contribuyeron a construir instituciones que brindaron estabilidad, así como desarrollo a millones de mexiquenses.
Por su parte, la presidenta de la comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales del PRI, Mercedes Colín Guadarrama, afirmó que eran “máximo seis personas [asignadas a los ex gobernadores] y esto no impacta en el presupuesto del Estado. Nosotros dijimos claramente que el tricolor apoyará siempre en lo que bene ficie al pueblo y mejore su calidad de vida. No es mucho el ahorro, pero somos solidarios”.
Ni a favor ni en contra. Sobre este dictamen, Alejandro Ozuna Rivero, secretario General de Gobierno, aseguró que el gobierno del Estado de México está en plena disposición para cumplirlo una vez publicadas las modificaciones en la Gaceta de Gobierno.
Aclaró que el pago de la nómina no implicaba un impacto económico “a favor ni en contra” del presupuesto público, señaló que es una medida que también impulsó en el Congreso el grupo parlamentario del PRI, por considerar que deben estar acorde con los nuevos tiempos de austeridad.
Ozuna Rivero expresó que es una medida de austeridad y están a favor de cumplirla, aunque reconoció que si los exgobernadores solicitarán apoyo al gobierno estatal para blindar su seguridad, podrían recibirlo “como cualquier ciudadano en la entidad que vea comprometida su integridad”.
Sobre los elementos de seguridad o escoltas asignados, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia informaron que no tenían personal destinado a los exmandatarios.
Al menos cinco exgobernadores del Estado de México estaban considerados en los decretos. Se trata del actual senador Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), Arturo Montiel Rojas (1999-2005), César Camacho Quiroz (1995-1999), quien ocupa un sitio como catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993) y Emilio Chuayffet Chemor (1993-1995). El recién fallecido Alfredo del Mazo González, quien gobernó la entidad de 1981 a 1986, también estuvo considerado hasta 2018. Los funcionarios que ocuparon el cargo en los años restantes no formaron parte de esta lista.
Camacho Quiroz y Chuayffet Chemor coincidieron en que no utilizaron esos servicios. Camacho Quiroz dijo que, debido a que no dejó de ser servidor público, no accedió a esos privilegios, mientras que Chuayffet Chemor afirmó que no contaba con personal a su cargo.