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Gracias a la Ley de Amnistía que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó en abril pasado y publicó el gobierno capitalino, Alejandro Jessi Montaño Sánchez y Luis Fernando Bárcenas Castillo, presos en los reclusorios Sur y Norte respectivamente, quedaron en libertad. Los jóvenes fueron detenidos y señalados como “anarquistas” durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012.
El Sistema Penitenciario Capitalino confirmó que los convictos fueron liberados el pasado lunes, dándose a conocer que otro de los detenidos en los mismos hechos, identificado como Luis Fernando Sotelo Zambrano, también ya está tramitando su salida del Reclusorio Sur.
En este sentido, la amnistía aprobada por los asambleístas beneficia a un total de 510 personas que participaron en las marchas y protestas desde diciembre de 2012 y que a su vez fueron acusadas por delitos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje y sedición, entre otros, pues la amnistía prevé también la extinción de la acción penal, así como las sanciones que les fueron impuestas.
La Ley de Amnistía, sin embargo, deja en claro que sólo se perdonarán los delitos antes mencionados, pero que si a uno de los detenidos se le imputan delitos patrimoniales, relacionados con daños en bienes públicos o propiedad privada, seguirá el proceso por esos cargos, tal es el caso de Sotelo, pues su defensa busca librarlo de atacar un Metrobús.
Según el expediente judicial de todos estos casos, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015 se registraron aquí 28 manifestaciones y protestas en contra del resultado de las elecciones presidenciales. Por esos hechos hubo 510 detenciones.
En esas fechas, familiares y organizaciones no gubernamentales acusaron que en las detenciones se registraron violaciones a los derechos humanos, como uso indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias en el ejercicio del “derecho a defender derechos”, por lo que iniciaron protestas para liberar a los supuestos líderes Alejandro Jessi Montaño Sánchez, Luis Fernando Bárcenas Castillo y Luis Fernando Sotelo Zambrano.
Durante los seis años que estuvieron en prisión, organizaron protestas y huelgas de hambre para exigir a las autoridades que fueran liberados, pues argumentaban que sólo estaban ejerciendo su derecho a la manifestación, calificando su aprehensión de “venganza política”.
Según los expedientes de la Comisión de Derechos Humanos, los primeros detenidos fueron el 1 de diciembre de 2012, con 104; cinco más el 8 de marzo de 2013, y 25 el 10 de junio del mismo año.
Detalla que el 31 de agosto y el 13 de septiembre de 2013 fueron detenidas otras 66 personas; el 2 de octubre 124, y el 29 de octubre uno más. Después, el 1 de diciembre de 2013, cuando se cumplía un año del gobierno de Peña Nieto, se detuvo a 21 personas mientras se manifestaban; en la siguiente protesta, el 13 de diciembre del mismo año, se detuvo a tres, y un día después otra.
Las 510 personas detenidas, algunas recluidas y otras sólo procesadas, quedaron libres con base en la nueva legislación aprobada.
