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Toluca, Méx.—La creación de un comité único que facilite los trámites para inversionistas en el Estado de México y sirva para evitar actos de corrupción, es el objetivo de la miscelánea de reformas que presentó el Ejecutivo estatal ante el Congreso local, informó el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.
Los cambios en diversos códigos administrativos, resumió el funcionario, tienen la finalidad de fomentar el desarrollo económico y lograr la mejora regulatoria.
La meta entonces es conformar la Comisión Estatal de Factibilidad del Estado de México, un órgano desconcentrado que tendrá una estructura y estará dedicado únicamente a la factibilidad, reduciendo de 15 a cinco meses el trámite, contará con una secretaría técnica en donde intervendrán las áreas estatales relacionadas con el dictamen único de factibilidad.
Con este cambio además, dijo, reducen los pasos donde opera la corrupción porque habrá una ventanilla única que dictamine la factibilidad, además el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) será fortalecido para que coordine las visitas de inspección, es decir, llevará a todos los involucrados en un solo momento para ahorrar tiempos.
Actualmente, dijo, el estado cuenta con instancias responsables de emitir la factibilidad del establecimiento de una empresa o una inversión, pero el marco jurídico no permite operar con eficiencia, lo que se traduce en “larguísimos” tiempos de espera para obtener un dictamen de factibilidad, provocando que los inversionistas se vayan a otras entidades.
Explicó que las modificaciones en la ley son una demanda del sector empresarial y social, que resultan de la mayor importancia, sobre todo en términos de desarrollo para la entidad, concretamente en beneficio de las personas.
Los cambios consisten en dos partes: el primero es orgánico o relacionado con las estructuras, el otro es sustantivo o de requisitos y procedimental. Actualmente la Comisión Estatal de Factibilidad es un organismo de coordinación intersecretarial, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUyM), sin una estructura enfocada exclusivamente para trabajar en temas de viabilidad para la instalación de una industria o negocio.
En cuanto a la mejora regulatoria, abundó, habrá un catálogo estatal de trámites y servicios, en el que la gente podrá consultar qué trámites son necesarios para cada interés, que si al momento de solicitar atención en la dependencia lo niegan o piden otro que no es necesario, habrá un sistema de protesta ciudadana donde denunciar en línea, más ágil que acudir a un Tribunal.
Para lograr la transición planteada, amplió, es necesario modificar diversas leyes existentes en el Código Administrativo y a la Ley de Competitividad, además de expedir tres nuevas, que son: la Ley de la Comisión de Factibilidad, el Invea y la de Mejora Regulatoria.
