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Penas de seis a nueve años de prisión y multa de 50 a 900 veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público u operador de pipa de agua potable dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ( Sacmex ), del Gobierno local o alcaldías, que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio de cualquier tipo de lucro.
Así lo propuso el diputado local del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez , por lo que pide al Congreso local adicione al capítulo XV y los artículos 276 Cuater y 276 Quintus del Código Penal para el Distrito Federal, para que la pena y multa aumenten en 40% a quien condicione el abastecimiento del vital líquido.
Esta sanción será para todo aquel que solicite apoyo para una asociación o partido político , así como cualquier candidato a cargo de elección popular, sin perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa vigente.
El priista argumentó que la carencia de agua en la Ciudad en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación y distribución, suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el crecimiento de riesgos en la salud pública.
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Esto porque el Gobierno central y las 16 alcaldías constantemente ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua .
Sin embargo, ante la demanda del vital líquido , existen operadores y servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía.
Puntualizó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental protegido por la Constitución capitalina , por lo que para su protección resulta imperioso elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores de pipas, que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía.
Alarcón Jiménez insistió que el Gobierno de la Ciudad y los titulares de las alcaldías, tienen la obligación de gestionar la distribución del líquido vital y la Secretaría de Finanzas es la encargada del cobro de derechos ocasionados por este servicio.
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