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El delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, desvió recursos de la demarcación para la construcción y operación del restaurante La Carreta del Pacífico, que es de su propiedad y que estuvo en funciones hasta agosto del año pasado, informó el contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, al comparecer ante la Asamblea Legislativa.
Explicó que Salgado y otros 17 funcionarios están relacionados por este hecho, ya que de manera indebida utilizaron a personal de la delegación para la construcción de banquetas y conectar la red del drenaje.
Todo ello, luego de que el vicecoordinador de la bancada del PRD, Raúl Flores García, le solicitara un informe del estatus que guarda la denuncia CI/TLH/D/0167/2016.
“Había hallazgos de que se utilizó indebidamente a trabajadores de mantenimiento, drenaje y banquetas, por parte de personal adscrito a la delegación, que señalan en las inmediaciones de La Carreta del Pacífico.
“Administrativamente en nuestra materia tenemos identificados a servidores públicos como probables responsables, a 18 que implican responsabilidad del jefe delegacional, a un director general, dos directores de área, dos jefes de unidad departamental y 12 personas operativas”, precisó el Rovelo Pico.
Procedimiento disciplinario. Comentó que la dependencia a su cargo está integrando el procedimiento administrativo y disciplinario que corresponda por los hechos.
El contralor también informó que tiene abiertas 27 investigaciones por supuestas irregularidades cometidas por servidores públicos durante el proceso electoral 2018; de esa cifra, en 22 casos están involucrados funcionarios adscritos a jefaturas delegacionales, dos forman parte del Gobierno central y tres más, a entidades de la administración pública.
Detalló que entre las dependencias involucradas en estos casos están la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF-CDMX, así como las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Xochimilco.
“Lo importante es que quienes presenten sus quejas aporten los elementos necesarios. Nosotros aperturamos y tenemos por obligación citar al servidor público para otorgarle su derecho a audiencia, admitir sus pruebas y desahogar el procedimiento. Con el nuevo sistema de responsabilidades, que es una buena oportunidad, podemos calificar la falta como no grave, grave o incluso dar vista por un acto de corrupción”, indicó.