Dado que el robo de autopartes no es considerado un delito grave y ha crecido 27% con respecto al 2020, además de que los infractores pueden seguir sus procesos en libertad, diputados del PRI y Morena presentaron iniciativas para modificar el Código Penal y castigar con ocho a 10 años de cárcel al responsable.
Fausto Manuel Zamora Esparza
, del PRI, propone modificar el artículo 224, inciso A, fracción VI, y la adhesión de un inciso E del citado Código, con lo que busca imponer penas de cinco a 10 años de prisión, sin derecho a libertad, a quienes cometan este delito.
Recordó que en 2018, en promedio, un delincuente dedicado al robo de autopartes obtenía ganancias en el mercado negro, de entre 1,000 y 1,500 pesos al día.
Sin embargo, en lo que vado del presente año el índice de robos de autopartes ha aumentado 27% en comparación al primer trimestre de 2020, que ha dejado derramas mensuales de entre 30 mil a 50 mil pesos por delincuente, “pues es uno delitos que más se comete en la capital”, afirmó el priista.
En la exposición de motivos, destacó que al ser el robo de autopartes uno de los delitos que más se cometen, en muchos casos las aseguradoras no se hacen responsables o exigen el pago total del deducible, por lo que dejan en total indefensión a los particulares, “pues los costos serían altísimos para cubrir cada uno de los deducibles de las partes robadas”, dijo.
Destacó que el actual Código Penal establece que la pena prevista para quien comete el robo de partes de vehículo automotriz, por su naturaleza, no es considerado como un delito culposo, que pueda ser sujeto de prisión preventiva.
Empero, con esta iniciativa pretende que al aplicar penas más altas, que no permitan alcanzar libertad condicional al responsable, reduzca progresivamente los índices de la comisión de este ilícito.
Detalló que según datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019, 2020 y en lo que va del 2021, de los delitos cometidos contra el patrimonio, un total de 19 mil 880 denuncias son por el robo de auto partes, lo que evidencia un claro aumento con relación a las cifras de 2019 y 2020.
Por lo que hace al robo y posterior venta de autopartes, se mantiene en cifras imprecisas, ya que a menudo las víctimas prefieren no denunciar por considerarlo una pérdida de tiempo o por la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Por ello, dijo el priista, este tipo de ilícitos representa un problema prioritario para los integrantes de la sociedad, quienes tienen que cubrir de su propio patrimonio una solución a un problema que el Estado no ha sabido resolver
Mientras que el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo , propuso que el robo, específicamente, de la computadora o Unidad de Control Electrónico de un automóvil se sancionará con dos a ocho años de prisión.
“La computadora es un componente esencial en cualquier vehículo actual, tan esencial como la caja de cambios, podría decirse. Sus funciones más elementales son el control del consumo de combustible y la emisión de gases, pero también se ocupan de asuntos más complejos, como el sistema de inyección, el sistema de frenado antiblocaje (ABS) y el control de tracción”, refirió el morenista.
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Añadió que es necesario legislar ante el robo de estos aparatos y es que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina está con una nueva forma de robo.
Expuso que actualmente, el robo de autopartes es entendida a la parte externa que conforman la carrocería del vehículo, “quedando fuera el tema de las partes que conforman el funcionamiento de estos bienes”, afirmó.
Por ello, reiteró, la autoridad está con una nueva forma de robo, donde se aplican penas que no son proporcionales a la conducta y muchos menos a la cuantía, pues cuando se sustrae la Unidad de Control Eléctrico es una forma de robo.
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“Pero ésta debe ser más penada, debido a que la extracción de dicha pieza deja de forma inservible e, incluso, generando un impacto económico grande para el propietario, toda vez que es la parte eléctrica más importante del automotor”, puntualizó.
Ambas iniciativas fueron enviadas para su análisis y dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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