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david.fuentes@eluniversal.com.mx
En un operativo coordinado, la Policía Federal y la procuraduría capitalina catearon el table dance Curazao, ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur, en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, donde fueron rescatadas 17 mexicanas y dos venezolanas, presuntamente víctimas de trata y explotación sexual. Además, fueron detenidas 28 personas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas.
El trabajo de las autoridades derivó en protestas de parte de los empleados del centro nocturno. Las mujeres “rescatadas” aseguraron que no son víctimas de trata, ni son obligadas a tener relaciones sexuales. Frente al búnker de la procuraduría capitalina, pidieron que los detenidos fueran liberados.
Familiares de los arrestados —en su mayoría meseros, garroteros, personal de limpieza y guardias de seguridad— aseguraron que ninguno pertenece a una red de trata y pidieron que se respeten sus derechos humanos y sean tratados con dignidad.
“Ninguna de nosotras somos explotadas sexualmente, ni somos víctimas de trata. Lo único que hacemos es bailar, sólo eso, y ahora, con la clausura del Curazao y otros lugares como el Queen’s, se nos está quitando nuestra única fuente de ingresos.
“Así mantenemos a nuestras familias, es lo único que sabemos hacer y no es justo que nos criminalicen o le hagan creer a la gente que nos obligan a trabajar. Nada de eso es verdad, todas entramos y salimos diario y nos vamos cuando queremos”, dijo Ingrid, una de las bailarinas detenida y luego liberada.
Según la Fiscalía Antitrata, derivado de la denuncia de una de las víctimas que trabajaba en el Curazao, el pasado 14 de agosto la procuraduría inició una investigación en el lugar, donde se detectó que desde abril de 2016 se prostituía a mujeres y que los imputados obtenían el mayor beneficio económico.
Según el modo de operar de los inculpados, las mujeres eran contratadas como bailarinas, pero eran obligadas a realizar “ficheos” entre los clientes, quienes pagaban por los servicios sexuales, cuyo control tenían los detenidos. De las ganancias obtenidas, a las víctimas únicamente les otorgaban la tercera parte.
En audiencia privada, el representante social presentó elementos de prueba recabados, con lo que el juez de Control concedió la orden de cateo el 11 de septiembre y fue ejecutada esta madrugada.
El agente del Ministerio Público cuenta con 48 horas para determinar la situación legal de los 28 detenidos.
