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Legisladores panistas propusieron arrestar a usuarios de scooters que obstruyan el paso en calles o impidan el uso de bienes de dominio público.
La diputada local del blanquiazul Gabriela Salido Magos presentó su propuesta de reforma a la Ley de Movilidad y a la Ley Orgánica de Alcaldías para regularizar la operación de scooters o monopatines.
En el caso de la primera, se incluye la definición del monopatín eléctrico el cual se integra a la pirámide de movilidad, además se establecen horarios, zonas de operación, vialidades por donde circularán y sitios o estaciones temporales.
La propuesta establece la imposición de infracciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica vigente: impedir el uso de bienes de dominio público de uso común y obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo.
De acuerdo con la ley vigente, por violar estas disposiciones el infractor será multado con uno a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (84.49 pesos a 844.99 pesos) o arresto de seis a 12 horas.
“El usuario deberá asumir ese tiempo de arresto; sin embargo, la empresa deberá asumir la sanción económica. Esa es la propuesta, porque creemos que no sólo es dar el servicio, sino generar la cultura de corresponsabilidad y que usuarios sepan que lo que están haciendo es incumplir la ley.
“Entonces, la empresa tiene que coadyuvar o si no, va a ser sancionada”, dijo la diputada.
La reforma a la Ley de Movilidad también incorpora los requisitos que deberán cumplir las empresas de monopatines: presentar un padrón y un programa de mantenimiento periódico de las unidades, contar con póliza de seguro de gastos médicos y daños a terceros, así como presentar un programa de gestión integral de residuos sólidos con motivo de la sustitución de unidades.
Cada empresa contaría con un permiso con vigencia de seis años con derecho a prórroga.
Por otra parte, en la Ley Orgánica de Alcaldías se dotará de facultades a los titulares para ordenar y ejecutar medidas administrativas para garantizar el derecho al espacio público, con lo que podrán retirar obstáculos o vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje.
Cabe destacar que las alcaldías no podrán sancionar a las empresas ni a los usuarios.