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Almoloya de Juárez, Méx.— Los 80 pirotécnicos dedicados a la elaboración de castillería en San Mateo Tlalchichilpan, Almoloya de Juárez, quieren cumplir con las medidas de seguridad y preventivas para evitar accidentes como los ocurridos en La Saucera, municipio de Tultepec.
Luego de acusar abandono por parte de las autoridades estatales durante el sexenio pasado, los artesanos dicen estar más interesados que nunca en cumplir a cabalidad con las normas de seguridad para no perder sus permisos y evitar accidentes fatales.
Miguel Salinas, propietario del taller FAT, platicó que hace décadas tramitaron ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el permiso 1181 para la elaboración, transporte y venta de artificios pirotécnicos. Actualmente no todos los productores están al corriente con la documentación, varios deben ponerse al día, por lo que aprovechan el acercamiento del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi) para conocer cuáles son la medidas de seguridad que deben asumir y no trabajar bajo la ilegalidad.
“Hace años, cuando tramitamos el permiso nadie nos dijo cuáles eran las normas que debíamos cumplir, acudimos al ayuntamiento y con Protección Civil estatal para obtener los vistos buenos, pero nadie nos especificó o entregó un reglamento con las especificaciones. Ni siquiera había límite para el almacenamiento de pólvora, es decir, nosotros [los permisionarios] ponemos una cantidad y nadie se aseguró si había o no las condiciones en los talleres”, dijo el productor.
Miguel contó que una de las pocas reglas que sí les exigieron tanto autoridades estatales como federales, fue construir su taller a 100 metros de las viviendas, aunque en la medida en que ha crecido la actividad y la población en Almoloya de Juárez, las distancias se van acortando entre la zona de polvorines y las casas.
“No es muy difícil conseguir el permiso, lo que pide Sedena es contar con un taller de elaboración, una caseta de vigilancia, un área de barriles o donde se almacena la pólvora, un cuarto donde esté toda la materia prima, es todo, pero no hubo una verificación en persona”, aclaró.
Sin embargo, Tlalchichilpan es también una zona de alto riesgo por la cantidad de polvorines, donde sí se han registrado explosiones, aunque desde hace aproximadamente 12 años no son continuas ni con saldos mortales.
“Hasta ahorita estamos tratando de regularizarnos para no volver a sufrir lo mismo”, admitió Miguel, pues afirmó que durante el sexenio anterior no recibieron asesoría por parte del Imepi y desde que tramitaron sus permisos, fue únicamente bajo la práctica como aprendieron a mejorar las medidas de seguridad.
“Incluso en el caso de FAT tuvimos explosiones, acudimos al Instituto para conocer las opciones y que no nos cerraran nuestra única fuente de trabajo, pero nadie nos recibió, no hubo ninguna orientación”, aseguró este artesano.
Platicó que la Sedena no cancela los permisos de operación por accidentes en los polvorines, es decir, no hay una autoridad que lleve un control sobre el número de explosiones o accidentes en un taller.
Simplemente, dijo, cada uno de los empresarios de la pólvora define nuevas medidas de seguridad, adecuaciones en las instalaciones o incluso quienes determinan cerrar o cambiar el giro a solo venta de materiales pirotécnicos, pero no hay una autoridad que tras una incidencia acuda a revisar las condiciones bajo las cuales operan.
En su caso, llegan a almacenar por mes hasta 100 kilos de pólvora, pero no castillos terminados.
Actualmente elaboran castillos bajo diseño, por ejemplo, el cliente pide una figura en específico con los colores que le interesan y el tamaño que puede variar entre los dos o tres metros hasta los 10, piezas con más de 300 juegos pirotécnicos hasta los que van encendiendo al ritmo de una melodía.
Para mantener la seguridad de los trabajadores, optaron por no tener almacenado material, el pedido que reciben, de inmediato lo entregan.
Además, adoptaron un sistema de detonación que les permite hacerlo en un esquema a distancia, con un mecanismo que no requiere encender directamente los fuegos artificiales sino a lo lejos, con ello reducen el riesgo de explosión.
También mejoraron las condiciones de los talleres, a los trabajadores les piden no usar ropa de nylon, algodón flamable, o indumentaria que con el roce saque chispas.
Incluso, comenzaron a cambiar el clorato por otra sustancia menos sensible, que es el perclorato, el primero es altamente flamable y es la causa de más siniestros.
Aunado a ello, comenzaron a participar en todos los cursos y pláticas que comenzó a impartir el Imepi a raíz de las últimas explosiones en La Saucera, donde resultaron hasta 24 personas muertas.
Reconocieron que hay detalles que nunca habían escuchado, como que deben permitir varias detonaciones antes de ingresar a un taller siniestrado y nunca utilizar agua para apagar un incendio con pirotecnia, entre otros.
Este taller por el momento no exporta, toda su producción la vende sobre todo para fiestas patronales, en el mes de septiembre con ayuntamientos de Veracruz, Puebla, Guerrero, y en diciembre para las fiestas en las iglesias.
En FAT trabajan hasta 10 personas por polvorín, la mayoría son eventuales, es decir, están contratados por trabajo, por lo que también los propietarios están en la lucha por ofertar mejores condiciones laborales.
En suma, tanto autoridades como los productores están en una misma dinámica de reestructuración para no poner en riesgo vidas, aunque Miguel reconoció que falta mucho camino por recorrer.
