Para frenar las agresiones contra médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y hasta personal de limpieza y administrativos de los hospitales públicos y privados, es necesario castigar con multas por hasta 150 días del salario mínimo y cárcel por 10 años, propone la diputada local del PT, Leonor Gómez Otegui.
Por ello, presentó ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente dicha iniciativa, para que sea reformado el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal (así sigue llamándose, dado que el Congreso local ha tenido mucho trabajo y no ha podido hacer ese ajuste).
“Todos los trabajadores de la salud han tenido que hacer frente a la pandemia , con cargas excesivas de trabajo, deficiencias en cuanto a su protección personal, contagio y fallecimiento de sus compañeros y, aunado a esto, enfrentar en sus hogares, las calles y en el transporte público, la violencia irracional y trastornada de personas que los ven como portadores del virus ”, acusó la petista.
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La iniciativa que consta de 14 hojas, la representante popular recordó que actualmente dicho artículo, establece de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de 50 a 200 días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo o raza, entre otras causas, atente contra la dignidad humana y anular o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Sin embargo, Gómez Otegui aseguró que en menos de un mes han ocurrido en el país alrededor de 140 casos de agresión relacionados con el Covid-19, de los cuales, 35 se perpetraron contra médicos y enfermeras, además el Conapred ha alertado que los trabajadores de la Salud se han convertido en un blanco vulnerable durante esta contingencia.
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Incluso, asentó en su iniciativa, el pasado 2 de mayo la Subsecretaría de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Gobernación, ha registrado 47 agresiones contra personal médico en 22 estados, aunque la mayoría han sido reportados por los propios afectados a través de sus redes sociales.
Por ello, propone que a quien provoque, agreda, amenace o incite al odio o a la violencia contra el personal de salud en una declaratoria de desastre, o de una emergencia sanitaria, como ocurre de marzo pasado, se le impondrán de tres a 10 años más de prisión y multa de 100 a 150 días del salario mínimo vigente.
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