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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La procuraduría capitalina busca desmantelar en su totalidad las diversas redes de trata de personas que surgieron a partir de la página web ZonaDivas, la cual suspendió sus servicios, ya que investigaciones realizadas revelaron que se han abierto por lo menos otros cuatro sitios que funcionan con el mismo esquema de reclutamiento y trata de jóvenes de Sudamérica.
Y aunque en el lapso de un año un total de ocho personas que trabajaron para esa red han sido detenidas, actualmente el objetivo principal de la Policía Federal y la procuraduría capitalina es José Antonio Santoyo Cervantes, El Sony, propietario de la página y quien se estima, ha reclutado a más de 2 mil mujeres en cinco años operando en la Ciudad.
Juana Camila Bautista, fiscal para el Delito de Trata de Personas de la PGJ, explicó que si bien la página web ZonaDivas está inhabilitada, existe otra con las mismas características y es objeto de investigación para dar con los principales implicados en esta red de trata de personas.
La fiscal dio a conocer que también se investiga a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes presuntamente son sobornados y permiten el paso libre y sin complicaciones de todas las jóvenes reclutadas en países como Colombia, Argentina, Venezuela o Brasil.
Camila Bautista señaló que ya se tiene una investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) para desarticular la red de protección: “Las mujeres pasan inadvertidas en la terminal aérea y los empleados de Migración permiten su paso sin contratiempo”.
“Algunas víctimas manifiestan que algunas de las personas que las enganchan y las trasladan a la Ciudad de México les indican por qué puerta de los cubículos de Migración pasar”, explicó.
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Sostuvo que la PGR tiene varias carpetas de investigación respecto a la posible colusión de personal de Migración con presuntos tratantes de personas y no sólo eso, la investigación apunta a que algunas mujeres, después de la explotación sexual, son usadas para otro tipo de delitos y sirven como “enganchadoras” en secuestros, robos, fraudes y el delito de robo a casa habitación.
