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La organización civil Causa en Común, especializada en estudios sobre el desempeño de las policías en el país, pide al próximo Gobierno local que permita una colaboración para trasparentar cómo se investigan las quejas hacia los oficiales y bajo qué criterios se les sanciona.
Con base en quejas recibidas en sus oficinas, la organización detectó previamente que no había un seguimiento de las denuncias recibidas sobre policías en el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que se buscó un convenio con la misma.
“Queríamos hacer un acuerdo para una supervisión externa de la policía, queríamos saber cuáles son las quejas que llegan y cómo las desahogan. Una de las teorías es, por ejemplo, que un policía que extorsiona lo hace por una orden superior”, comentó la directora de la asociación, María Elena Morera.
Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con la SSP y comenzar con la planeación para aplicar las encuestas a los ciudadanos que acudían a los módulos de atención, la policía no permitió el acceso. “Cuando quisimos entrar a hacer el estudio, no nos dejaron. Creo que es un tema de descontrol interno, pero también de prepotencia, porque no nos dejaron ver cómo se manejan las quejas”, dijo Morera.
Por consecuencia, Causa en Común terminó el convenio con la SSP.
La ausencia de seguimiento en las quejas que son puestas hacia los uniformados no fue lo único detectado por la asociación. De acuerdo con un estudio que fue publicado en 2017, la policía capitalina sólo cumplió con la mitad de lo que establecía la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El parámetro utilizado por la organización es llamado Indepol, índice que no mide el desempeño de la policía, sólo verifica si las secretarías de seguridad cuentan con los instrumentos normativos e institucionales para cumplir con los cinco ejes básicos para el desarrollo de los uniformados como lo son: las promociones durante la carrera, el desarrollo académico, sanción de conductas, prestaciones de ley y control de confianza.
El índice, de acuerdo a la página oficial de Causa en Común, va de 100 a cero, donde cero es la calificación más alta. En el caso de la Ciudad de México la SSP fue calificada con un -50, pues durante la recopilación de datos en 2016 la dependencia no entregó los oficios que avalaran que cumplía con la ley.
“Este año que pasó salió muy mal evaluada la policía y yo creo que se debe a la prepotencia que tenían de no mandar los documentos”, dijo Morera al respecto.
“Hay temas como que no existía un manual de desempeño, no había metas para los policías, un registro de resultados; en el rubro de certificación no enviaron evidencia de certificados médicos, días de descanso, ni de sanciones. No presentaron protocolos de alerta temprana, asesoría psicológica, no hubo protocolo de uso de fuerza”, dijo.
A pesar de este resultado, María Elena Morera considera que la SSP saldrá mejor calificada para el estudio que se publicará en 2018 sobre el año anterior. Sin embargo, ante las recientes denuncias de uso de la fuerza por parte de los elementos, solicita una cooperación con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum: “Yo creo que siempre que hay un cambio de gobierno hay una oportunidad de cambiar”.
Además, una de sus propuestas es reforzar las charlas de seguridad entre vecinos y su policía, “tiene que haber talleres de policía comunitaria, que implica que puedan sentarse los policías con los ciudadanos a hablar”.