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Los gobiernos estatales han estado ausentes tras no invertir recursos de su propio presupuesto para mejorar las condiciones internas de los penales, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Entrevistado después del motín que se registró la mañana del lunes en el centro de readaptación social Sergio García Ramírez, conocido como penal de Chiconautla, en el Estado de México, dijo que en “todos los casos donde se dan este tipo de situaciones de inmediato se traslada la comisión de derechos humanos en coordinación con la estatal”. Además el organismo autónomo trabaja en coordinación con el Estado de México “en esa circunstancia”, señaló.
“Invito a que se vea cuánto dinero no se ha canalizado a los penales en el ámbito federal, también ha habido ausencia de los gobiernos estatales para disponer de su presupuesto, de recursos que mejoren las condiciones de internamiento de las personas en reclusión", dijo.
Mencionó que la comisión ha advertido, en varias ocasiones, sobre la situación en que se encuentran los penales a cargo de los gobiernos estatales y continúan repitiéndose casos en los cuales se violan los derechos humanos de los internos.
“Tenemos muchos años en que la CNDH ha venido recomendando sobre esas condiciones: advertimos en Cadereyta, en Topo Chico, en los penales del Estado de México y ahí vemos cómo de un año al otro disminuyó la calificación en el Neza Bordo”, comentó.
La semana pasada se difundió el caso de una banda liderada por el interno Luis “N”, conocido como El Tato, quien tortura a los internos para extorsionar a sus familiares.
“Acabamos de ver lo que pasó en Neza Bordo en donde no es posible que el control de ciertas áreas lo tengan los internos y que ejerzan actos lacerantes a la dignidad de las personas. Las torturas que observamos son deplorables y esto está pasando en otros penales”, mencionó.
En entrevista, dijo que no es suficiente que existan los recursos, también es necesario que haya voluntad política para reparar en las condiciones de los penales y del internamiento de las personas en reclusión, así como cambiar la cultura de la política criminológica.
El ombudsman destacó que no puede haber ninguna política penal exitosa si no se toman en cuenta a los últimos eslabones de la cadena judicial, que son los penales.
“No basta solamente con contar con los recursos en tanto no haya la voluntad política de los gobiernos estatales para mejorar esta situación”, expresó.